La congresista Milagros Jáuregui de Aguayo se encuentra en el centro de una controversia política tras revelarse presuntos beneficios normativos para su organización. ‘Beto a Saber’ expone una serie de coincidencias entre su labor legislativa y la situación administrativa del albergue “La Casa del Padre”.
Este centro de acogida, vinculado directamente a la parlamentaria y su familia, obtuvo una acreditación vigente poco antes de un cambio legal clave.
El Proyecto de Ley 4444 y los centros de acogida
En marzo de 2024, el pleno del Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley 4444 con una amplia mayoría de 103 votos. Esta iniciativa, impulsada desde la Comisión de la Mujer, modifica el Decreto Legislativo 1297 sobre la protección de niños y adolescentes.
La norma prohíbe el ingreso de menores a centros de acogida residencial que no cuenten con una acreditación estatal debidamente actualizada. Un mes antes de la aprobación de esta ley, el albergue “La Casa del Padre” recibió el visto bueno del Ministerio de la Mujer.
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Centro de la familia Jáuregui de Aguayo
Esta acreditación permite que el centro de la familia Jáuregui de Aguayo opere sin las restricciones que ahora afectan a otros albergues. La ley establece un estándar de cumplimiento que, según críticos, podría generar un cierre masivo de centros con menores recursos operativos.
Vínculos institucionales y denuncias de maltrato
La asociación “La Casa del Padre” fue inscrita en la SUNARP hace 20 años con el objetivo de brindar ayuda social y difusión religiosa. Su primer consejo directivo estuvo presidido por Guillermo Aguayo, esposo de la congresista, quien ocupó el cargo de vicepresidenta inicialmente.
Tras su llegada al Congreso, la legisladora fue reemplazada en la directiva por su hija, manteniendo el control familiar sobre la institución.
Pese a su rol como fiscalizadora, la congresista mantiene una relación cercana con las gestiones actuales del Ministerio de la Mujer.
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Centro de Milagros Jáuregui: Fiscalía hizo visita de inspección inopinada
Recientemente, el centro de acogida ha sido blanco de denuncias por presuntos maltratos tras la fuga de cuatro menores de edad. Una de las adolescentes que escapó del recinto fue hallada sin vida un año después en la localidad de Oxapampa.
Ante estos hechos, la Fiscalía de Familia hizo una visita de inspección inopinada para verificar las condiciones de vida de las internas. Los representantes del Ministerio Público supervisaron dormitorios, cocinas y áreas comunes para recolectar evidencia sobre el trato a las menores.
La congresista Milagros Jáuregui defiende la norma aprobada, argumentando que busca garantizar la seguridad de los niños en estado de vulnerabilidad. Sin embargo, el despliegue de acciones legales y administrativas continúa bajo la lupa de las autoridades correspondientes en el ámbito judicial.
