La congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, se mostró de acuerdo con el pedido de la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos de Avanza País, quien anunció ayer que ha planteado una moción de orden del día para que el ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, explique la intervención de la inspectoría de la policía nacional a la sede de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).

Moyano agregó que el inspector general de la PNP, el teniente general Roy Ugaz, también debe señalar si “tenía conocimiento o no” de la polémica intervención.

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Se sabe que tanto el ministro del Interior como los altos mandos de la PNP han señalado que la diligencia en la Dircote sólo tuvo carácter administrativo para supervisar el correcto uso de recursos económicos.

Además, se indicó en un comunicado que similares acciones se realizaron en otras unidades policiales.

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La legisladora de Fuerza Popular (FP) Martha Moyano sostuvo que "no le haría caso" al informe final emitido este miércoles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), el cual concluye que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las violentas protestas en contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

"La CIDH es sorda para países como los nuestros que no dejamos que entre el Foro de Sao Paulo, que no representamos a un Estado como el de Venezuela u otros países. Eso es la CIDH para mí y pido disculpas por adelantado. Yo no esperaba ningún informe que le diera al Perú algún nivel de duda por lo menos. Sabía perfectamente que este iba a ser el informe, así que no me asombra", dijo Moyano a la prensa desde el Parlamento.

En tal sentido, la parlamentaria de FP consideró que el Perú "ha demostrado al mundo que se defiende solo, que hace sus cosas democráticamente y que va a defender la institucionalidad democrática".

El cuestionado documento del ente internacional ha sido cuestionado por su sesgo ideológico al no rechazar con contundencia la quema de comisarías y sedes del sistema de administración de justicia, ni la toma de aeropuertos, así como tampoco el asesinato de un suboficial de la Policía, que fue quemado vivo, o la muerte de seis soldados en el río Ilave tras ser atacados a pedradas por los manifestantes, y menos aun los fallecimientos ocurridos por el bloqueo de vías.

Lo anterior descrito es considerado para la CIDH solo como "situaciones de violencia que no están protegidas por el derecho a la protesta".