La Fiscalía indaga contrataciones directas por alojamiento y alimentación de ciudadanos varados en Loreto durante la inmovilización social obligatoria en 2020.
En marco de este caso, Elisbán Ochoa, gobernador regional de Loreto, y 11 personas más son acusados por delito de peculado doloso. Es por ello que la Fiscalía pidió nueve meses de prisión preventiva para los presuntos implicados.
La fiscal Celina Otero, del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto presentó tal requerimiento.
El argumento del Ministerio Público es que en el 2020, en pleno estado de emergencia por coronavirus, Ochoa y los otros acusados dieron permiso para contratar alimentos y hospedaje para las personas que se quedaron en el territorio.
Pero se hallaron aparentes irregularidades en las órdenes de servicios realizadas en la contratación directa. Asimismo, se vio hasta cuatro firmas que no tenían la firma de los proveedores; sin embargo, igual fueron cobradas.
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