La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, marcó una distancia tajante respecto a las figuras más cuestionadas del gobierno de su padre, Alberto Fujimori. En declaraciones recientes, la candidata presidencial enfatizó de manera categórica que bajo ninguna circunstancia permitiría que personajes con los antecedentes de Vladimiro Montesinos formen parte de una eventual gestión liderada por ella.
Fujimori abordó uno de los temas más sensibles y recurrentes que enfrentan sus campañas políticas: el legado de violaciones a los derechos humanos y la corrupción de la década de los noventa. “Por ejemplo, tener a un Montesinos, eso jamás”, coligió la política de manera rotunda, buscando disipar los temores de los sectores de la población que aún asocian su apellido con las redes de corrupción del pasado.
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Asimismo, la jefa del partido naranja se pronunció sobre las acciones paramilitares ejecutadas durante el régimen fujimorista, calificándolas con severidad. Aseguró que los “horrendos crímenes” cometidos por el destacamento militar Grupo Colina no se van a permitir ni volverán a ocurrir en un gobierno suyo, prometiendo ser “implacable” frente a cualquier sospecha o acto de corrupción que amenace las instituciones del Estado.
Un pasado de sombras en Keiko Fujimori: el impacto de Montesinos y el Grupo Colina en el Perú
La mención de estos nombres evoca una de las épocas oscuras de la historia republicana reciente del Perú. Vladimiro Montesinos, exasesor de la Inteligencia Nacional, tejió una red de corrupción que cooptó a las Fuerzas Armadas, medios de comunicación y magistrados, cuyo colapso se dio tras la difusión de los tristemente célebres “vladivideos” en el año 2000.
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Por su parte, el Grupo Colina fue un escuadrón de la muerte u organismo de fachada que operó bajo la sombra de las estructuras estatales. Este destacamento del ejército fue el responsable directo de los casos de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992.
