Durante el debate presidencial de segunda vuelta, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez expusieron sus principales planes para el país, siendo el eje de seguridad ciudadana uno de los bloques con mayor expectativa.
En este espacio, la candidata de Fuerza Popular respondió a la consulta ciudadana sobre qué medidas implementará durante sus primeros 100 días de gobierno para combatir la extorsión y recuperar la seguridad ciudadana.
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Desde un enfoque intersectorial, detalló sus propuestas ante las alarmantes cifras de criminalidad que se registran a nivel nacional.
Keiko Fujimori expone plan de pacificación nacional
Al inicio de su intervención, la postulante señaló que el país vive un escenario complejo donde las fuerzas del orden son perseguidas mientras la delincuencia actúa con libertad.
Para revertir esta situación, Keiko Fujimori anunció la implementación de un plan de pacificación nacional.
Entre las acciones inmediatas, propuso el despliegue de policías y militares las 24 horas del día, los siete días de la semana, en las unidades de transporte público de las áreas metropolitanas para frenar la doble extorsión que sufren pasajeros y transportistas.
Asimismo, la candidata planteó un trabajo conjunto con entidades financieras y plataformas de pago digital para identificar, rastrear y bloquear el dinero proveniente de las extorsiones.
En materia migratoria, indicó la expulsión inmediata de extranjeros en condición ilegal que cometan delitos.
Respecto al resguardo territorial, afirmó que las Fuerzas Armadas asumirán el control total de las fronteras y propuso que las personas privadas de su libertad trabajen en los penales para cubrir sus alimentos, además de colaborar en la construcción de losas deportivas, pistas y escaleras.
Reformas en el sistema de justicia y flagrancia
El segundo componente de las propuestas estuvo orientado a los cambios estructurales.
Keiko Fujimori enfatizó la necesidad de mitigar los niveles de impunidad actuales, argumentando que de cada diez mil denuncias, una cantidad muy reducida llega a convertirse en sentencia.
Para agilizar estos procesos, planteó fortalecer las unidades de flagrancia para asegurar condenas rápidas y eficientes en articulación con el Poder Judicial y el Ministerio Público.
“Lamentablemente en nuestro país vivimos en impunidad. Así es, efectivamente, son miles de denuncias que nunca llegan a ser sentencia. Por eso es que nosotros planteamos que el sistema de justicia utilice el sistema de flagrancia para poder lograr condenas rápidas y eficientes”, sostuvo la lideresa de Fuerza Popular.
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Finalmente, detalló que se solicitarán facultades legislativas especiales para los primeros 100 días de su eventual gestión.
El objetivo es optimizar la infraestructura de las comisarías, adquirir nuevos patrulleros, repotenciar el sistema de inteligencia civil y modernizar las capacidades operativas de la Policía Nacional del Perú (PNP).
