La reciente incorporación de Julio Arbizu como abogado defensor de Piero Corvetto ha encendido las alarmas en el escenario político peruano. Lo que debería ser una defensa técnica se ha transformado en un foco de críticas debido a la densa red de afiliaciones y antecedentes que rodean al exprocurador, sugiriendo un posible conflicto de intereses que pone en duda la imparcialidad del proceso.
El punto más crítico de la controversia radica en la confirmación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE): Arbizu figura como afiliado válido de Juntos por el Perú. Esta militancia no es un detalle menor, ya que dicho partido es uno de los presuntos beneficiados en las investigaciones que actualmente involucran a Corvetto. La pregunta que recorre los pasillos del Congreso y la opinión pública es inevitable: ¿Se está protegiendo a un funcionario o resguardando los intereses de una organización política?
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A esto se suma su historial cercano a figuras del entorno de Pedro Castillo. Arbizu no solo fue visto en la tristemente célebre casa de Sarratea, sino que fungió como abogado de Perú Libre durante el proceso electoral de 2021. En aquel entonces, su postura fue tajante al exigir que se aceptara la victoria del “profesor Castillo”, una posición que hoy sus críticos utilizan para señalar una falta de objetividad profesional.
Julio Arbizu, un pasado que genera suspicacias
El historial de Arbizu en el sector público también ha sido objeto de escrutinio. Se recuerda su paso como asesor de la bancada nacionalista en 2008, donde se le vinculó laboralmente con la entonces congresista Nancy Obregón. Aunque en su momento intentó marcar distancia, su trayectoria siempre ha estado marcada por una clara inclinación ideológica que hoy parece colisionar con su rol en la defensa de una autoridad electoral.
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Por si fuera poco, los cuestionamientos se extienden a su socio, Ronald Gamarra. Críticos del ámbito jurídico recuerdan el rol de Gamarra en procesos vinculados a sentenciados por terrorismo durante su paso por el Instituto de Defensa Legal (IDL).
Con este panorama, la defensa de Corvetto no solo enfrenta un complejo frente legal, sino una crisis de legitimidad política.
