‘ContraCorriente’ obtuvo, en exclusiva, los 800 folios que presentó el fiscal Germán Juárez Atoche el último miércoles al juez Jorge Chávez Tamariz, quien terminó dictando cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra.
Aunque el programa de Augusto Thorndike reveló los contratos irregulares fabricados por el entorno del ‘Lagarto’ para justificar su arraigo, la Fiscalía hizo un completo desarrollo fundamentado, con documentos, contratos, traspasos y registros notariales, en casi 400 folios, de por qué no cree que el expresidente trabaje en la empresa de sus hijas.
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EMPRESA DE LA HIJA DE VIZCARRA
Es el contrato de Urbaniza 3D SAC, la empresa constituida hace un año por sus dos hijas mayores, que tiene domicilio legal ficticio en Lima y cuya gerente general es su esposa.
El fiscal Germán Juárez detalla, en un tomo de 200 folios, la jugada lagarta por tratar de probar un inexistente arraigo laboral.
OPERACIÓN EXTRAÑA DE VIZCARRA
La última Declaración Jurada de Intereses de Vizcarra, como presidente en el 2018, ahí consigna acciones en C Y M Vizcarra Ingenieros Contratistas S.A., y Agrotecnia Estuquiña S.A. con sus hermanos César y Mario Vizcarra Cornejo.
En la partida registral de número 11030305, C Y M Vizcarra compra un lote en el sector Los Ángeles, en Moquegua, por un monto de 2 millones 126 367 soles, en el 2014, para venderlo 10 años después a Urbaniza SAC por un monto de 86 mil 728 soles, en una operación extraña.
Como se ve en este otro registro en Sunarp, ese mismo predio es vendido por solo 86 mil 728 soles a 3D Urbaniza SAC, una extraña operación en perdida por más de 2 millones de soles.
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JUÁREZ TIENE LAS COMUNICACIONES
El fiscal Juárez Atoche también consigna las comunicaciones interceptadas hace un año entre Manuel Alonso Zambrano Valdivia, el policía de seguridad del Estado asignado a Martín Vizcarra, con el amigo y testaferro de Vizcarra Hugo Misad, que evidencian las coordinaciones que hacían para justificar y camuflar sus ausencias.
Son casi 20 folios de solo conversaciones entre ambos que, para el fiscal y el juez, fueron elementos contundentes que probaban el peligro procesal.
