El Gobierno peruano promulgó una ley de amnistía destinada a miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), la Policía Nacional del Perú (PNP) y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
La medida, firmada el 13 de agosto de 2025 por la presidenta Dina Boluarte, busca reconocer el sacrificio y la entrega de quienes enfrentaron uno de los momentos más difíciles del país mientras defendían la democracia.
UN LARGO PROCESO JUDICIAL
Juan Rivero Lazo, general EP (r) y exdirector de inteligencia del Ejército Peruano, se pronunció tras la promulgación. Rivero Lazo cumplió 25 años de condena por casos vinculados al Grupo Colina, como los de ‘Barrios Altos‘ y ‘Gómez Palomino‘. “No hay palabras para describir el hecho de estar en una cárcel, pensando que tal vez nunca iba a salir”, afirmó para ‘Milagros Leiva, Entrevista’.
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Asimismo, el oficial recordó que su condena derivó de siete procesos abiertos uno tras otro, “porque en vez de hacer un solo proceso por los supuestos delitos cometidos, decidieron abordarlos uno por uno”. Sin embargo, resaltó que solo tres de esos siete casos concluyeron con sentencia firme.
No obstante, con la aprobación de esta ley, los procesos judiciales que aún no han terminado serán suspendidos y archivados definitivamente, una medida que, según Rivero, representa una esperanza de justicia tras décadas de lucha legal.
LEY DE AMNISTÍA: DETALLES Y CONTROVERSIAS
La ley ampara a aquellos que enfrentan procesos penales o que no cuentan con sentencias firmes vinculadas a las operaciones de seguridad nacional durante el conflicto armado interno. Además, incluye beneficios especiales para personas mayores de 70 años condenadas, estableciendo excarcelaciones bajo ciertos criterios.
A pesar del respaldo oficial, la ley generó críticas tanto en el ámbito nacional como internacional. Organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos argumentan que esta norma podría fomentar la impunidad y afectar los derechos de las víctimas.
Por su parte, la presidenta Boluarte defendió la medida asegurando que el Perú rinde “justicia y honra” a quienes combatieron el terrorismo. “No podemos aceptar que hombres y mujeres, algunos con más de 70 años, carguen con cadenas judiciales que destruyen sus vidas y las de sus familias”, señaló.
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La ley marca un antes y un después en el proceso de reconciliación nacional y refleja los desafíos de equilibrar justicia, memoria y derechos en un país que vivió un largo y doloroso capítulo de terrorismo.
