La reciente asunción de José María Balcázar como presidente reavivó el debate sobre un posible beneficio para el golpista Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo.
Aunque el flamante jefe de Estado evitó dar una respuesta definitiva en sus primeras declaraciones, el entorno legal del excandidato de Perú Libre reaccionó de inmediato.
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La defensa de Castillo exigió que se materialicen las promesas vertidas por el hoy mandatario durante la etapa previa a su elección en el Congreso.
Pedido formal a José María Balcázar
Tras la elección de José María Balcázar como presidente y pese a haber prometido el indulto, el abogado de Castillo, Walter Ayala, pidió a Balcázar cumplir su palabra.
La defensa técnica no se ha limitado a exhortaciones públicas; incluso formalizaron el pedido para la gracia presidencial mediante un documento enviado al despacho del hoy presidente.
Según los especialistas constitucionales, la figura del indulto es una prerrogativa del Ejecutivo, pero su aplicación en este caso específico enfrenta desafíos legales debido a los procesos en curso.
No obstante, Ayala insistió en la viabilidad política de la medida basándose en los compromisos previos del actual mandatario.
“Él mismo ha dicho que va a indultar a Castillo, entonces si él lo dice creemos en su buena fe”, afirmó el letrado.
¿Puede indultar a Pedro Castillo?
La posibilidad de un perdón presidencial generó una ola de advertencias desde diversos sectores del Parlamento y la sociedad civil.
Excongresistas y abogados constitucionalistas señalan que un indulto a una persona procesada por el intento de golpe de Estado de diciembre del 2022 sería un precedente grave para la democracia.
Para el abogado penalista, Elio Riera, jurídicamente “no es viable” debido a que se requiere una sentencia firme que agote el aparato judicial.
En tanto, el abogado penalista Diego Alarcón, la normativa actual es mucho más rigurosa y prioriza la reinserción social basada en una conducta de excelencia.
En consecuencia, en el caso de Castillo, se cuestiona el cumplimiento de estos requisitos debido a sus comportamientos reportados durante las audiencias judiciales.
A esto se sumó la publicación de la Resolución Ministerial N-062-2026 el pasado 19 de febrero.
Esta norma establece un nuevo Reglamento Interno que restringe el indulto humanitario exclusivamente a casos de enfermedades terminales o trastornos mentales crónicos.
Posiciones contrarias
Por su parte, el abogado Wilfredo Pedraza consideró que dada la situación de Castillo el debate debería desplazarse al uso del “derecho de gracia”, beneficio que como presidente puede conceder para anular procesos judiciales en trámite.
El letrado Miguel Pérez Arroyo tuvo una posición similar, recalcando que “bajo el precedente Fujimori, el presidente de la República puede otorgar un derecho de gracia cancelando los procesos en trámite, sin esperar a que haya sentencia firme”.
Pese al panorama incierto, el equipo de defensa de Castillo mantiene la presión sobre Palacio de Gobierno.
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En un mensaje directo para recordar los ofrecimientos de campaña, Ayala sentenció:
“El Perú lo está mirando, el pueblo lo está mirando, todo el país lo está mirando al presidente José María Balcázar”.
