La exfiscal Sandra Castro ofreció detalles reveladores sobre la investigación del caso denominado por el Ministerio Público como “Los Gánsteres de la Política”. La tesis fiscal sostiene que José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú, orquestó una red criminal destinada a capturar organismos electorales para lograr la inscripción de su partido de manera irregular.
Según Castro, el mecanismo de corrupción se disfrazó de legalidad a través de la Universidad Telesup. La institución educativa habría servido como fachada para el pago de sobornos a tres exconsejeros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM): Guido Águila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez Pebe.
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El “pago” por sus favores se realizaba mediante contratos simulados por derechos de autor. La universidad compraba libros a los consejeros por montos que oscilaban entre los 30,000 y 50,000 soles. “Se pudo corroborar porque el pago era formal: había facturas, cheques y contratos de apariencia legal”, precisó la exfiscal.
La captura de la ONPE y el rol de Cavassa
La contraprestación por estos pagos fue el nombramiento de Adolfo Castillo Meza como jefe de la ONPE en 2017. Una vez en el cargo, Castillo Meza habría permitido que personal de Telesup ocupara puestos estratégicos en el organismo electoral. El objetivo final era la validación de firmas para la inscripción de Podemos Perú, omitiendo filtros básicos donde figuraban nombres de deportistas como Claudio Pizarro o Paolo Guerrero.
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Dentro de esta estructura, resalta el nombre de José Luis Cavassa Roncalla, sindicado como el “estratega político” encargado de captar a los funcionarios clave. Cavassa, con antecedentes vinculados a procesos electorales cuestionados desde los años 90, es señalado como una pieza fundamental en la operatividad de la organización.
Demanda de José Luna Gálvez
Castro también denunció que la defensa de Luna Gálvez, que llegó a contar con ocho abogados (incluyendo el estudio de Mateo Castañeda), utilizó estrategias de amedrentamiento. La exfiscal reveló que enfrenta una demanda de un millón de soles interpuesta por el propio Luna Gálvez simplemente por haber utilizado el nombre mediático del caso, una táctica que calificó como un intento sistemático para frenar las investigaciones fiscales.
