La Junta Nacional de Justicia (JNJ) afronta un inusual y prolongado retraso en un proceso fundamental para el Ministerio Público. Se trata de la ratificación del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, un caso que ha quedado prácticamente paralizado desde que el magistrado accesitario Cayo César Galindo asumió la ponencia. Esta lentitud está generando serias dudas y presión sobre el desarrollo del proceso.
Cayo Galindo, excongresista nacionalista , no presentó el esperado informe final sobre la permanencia de Sánchez el miércoles pasado, ni tampoco el jueves, lo que aumentó el hermetismo y la preocupación. La falta de avances o explicaciones ha provocado que en los pasillos de la JNJ se mencione la palabra “amiguismo“, algo que no debería influir en decisiones de tan alto nivel.
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¿’Amiguismo’ en retraso de caso Pablo Sánchez?
Esta situación no es percibida como una casualidad por algunos, considerando el pasado político de Cayo Galindo. Durante el gobierno de Ollanta Humala, mientras Galindo era congresista del Partido Nacionalista, se archivó el caso Madre Mía, coincidiendo con la gestión de Pablo Sánchez como fiscal de la Nación. Estos “viejos tiempos” y supuestas lealtades están ahora bajo escrutinio público.
El caso Sánchez tiene una implicancia inmediata para la estructura del Ministerio Público. El fiscal supremo está a solo dos meses de cumplir los 70 años, la edad límite para el retiro automático, que ocurrirá en 2026 incluso si es ratificado hoy. Sin embargo, si la JNJ decide no ratificarlo, su salida sería inmediata y automática. Esto abriría una vacante estratégica en la Junta de Fiscales Supremos, un espacio de poder clave.
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Cayo Lindo, quien se convirtió en la figura central
La sesión para debatir el futuro de Sánchez, programada para este viernes en la JNJ, tomó otro giro inesperado al declararse en reserva a pedido del propio fiscal supremo. Mientras la atención se centra en el futuro de Pablo Sánchez, el ponente, Cayo Galindo, se convierte en una figura central.
Galindo tiene una intensa historia política, habiendo sido viceministro de Trabajo, asesor en el Ministerio de Justicia y asesor principal del congresista Pasión Dávila, además de haber denunciado una repartija al renunciar a un puesto en el Tribunal Constitucional. Con el expediente en pausa en uno de los momentos más delicados de la Fiscalía, la justicia peruana enfrenta la interrogante de si se está evaluando la permanencia de un magistrado o protegiendo una relación de amistad.
