En el marco del análisis del actual panorama electoral, el periodista y analista político, Jaime De Althaus, expuso los argumentos técnicos por los cuales respalda la propuesta programática de la candidata presidencial Keiko Fujimori.
Según lo manifestado por el especialista, la plataforma de Fuerza Popular contempla el desarrollo de las denominadas reformas de segunda generación, las cuales quedaron pendientes de ejecución en el Estado peruano desde inicios de la década del 2000.
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Este paquete de medidas busca complementar las transformaciones estructurales implementadas durante los años 90.
Reformas económicas y reducción de índices de pobreza
El modelo económico aplicado en la última década del siglo pasado se cimentó sobre un conjunto de reformas de primera generación.
Este proceso inicial abarcó la apertura de la economía nacional hacia los mercados internacionales, la ejecución de privatizaciones de empresas estatales, la eliminación de los controles de precios y de los subsidios estatales, así como el establecimiento de la libertad económica y una liberalización general de los sectores productivos.
De acuerdo con los datos presentados por Jaime De Althaus, la aplicación de estas herramientas macroeconómicas generó un crecimiento sostenido que permitió reducir los niveles de pobreza en el país, registrando un descenso desde el 60% hasta el 20% con anterioridad al año 2019, antes del inicio de la crisis sanitaria por la pandemia.
Esta reducción es considerada un hecho sin precedentes históricos tanto en el ámbito local como a nivel internacional; no obstante, el analista precisó que la continuidad de estas políticas normativas quedó paralizada de forma práctica durante las administraciones posteriores.
Jaime De Althaus sobre leyes procrimen
Con respecto a los cuestionamientos normativos dictados por el Parlamento, el analista político desvinculó el incremento de los índices de delincuencia y el aumento de los casos de extorsión de las disposiciones legislativas vigentes. Sobre este punto, Jaime De Althaus aseveró:
“Pretender que el crecimiento de la delincuencia, de la criminalidad tiene que ver con estas llamadas, mal llamadas, leyes procrimen es absurdo, es una narrativa. Es una narrativa muy eficaz, que se ha vendido muy bien y que mucha gente la ha comprado, pero no tiene absolutamente nada que ver”.
La evaluación técnica detalla que la mayor parte de las leyes emitidas por el Congreso tienen como finalidad corregir extremos jurídicos que facilitaron la comisión de abusos durante la etapa de politización de la justicia penal.
Estas anomalías afectaron a diversas figuras de la escena política, entre ellas Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Nadine Heredia y Alan García.
En ese contexto, se utilizaron herramientas procesales como la colaboración eficaz de manera indebida para ejercer presiones sobre los investigados, tal como se encuentra consignado en el testimonio escrito publicado por el empresario Oviedo en su libro.
En lo concerniente a la legislación de pérdida de activos y la extinción de dominio, el especialista aclaró que los mecanismos legales vigentes no se han suspendido para las tipificaciones penales complejas, tales como la minería ilegal, las extorsiones colectivas o el narcotráfico.
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La modificación de la norma está dirigida a corregir los excesos cometidos en investigaciones por corrupción, donde se afectaron patrimonios de exfuncionarios como Pedro Pablo Kuczynski.
En consecuencia, para las organizaciones criminales convencionales se mantienen operativos los principios y las pautas de control de la ley penal anterior.
