Ante la crítica situación energética que atraviesa el país, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció este viernes una serie de medidas excepcionales que entrarán en vigor a partir de la próxima semana. La disposición principal establece la modalidad de teletrabajo obligatorio para el sector público en Lima y Callao, mientras se exhorta al sector privado a adoptar medidas similares para mitigar el impacto del déficit de recursos.
Esta decisión responde a la emergencia derivada de la deflagración ocurrida el pasado domingo, tras la rotura del ducto de gas natural de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni, Cusco.
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“Se dispondrá el teletrabajo en el sector público durante el periodo de contingencia y se promoverá el adelanto de vacaciones en industrias afectadas”, señaló Miralles.
Tras deflagración en Cusco: además de teletrabajo, clases virtuales
El ministro de Trabajo, Óscar Cáceres, reforzó el anuncio indicando que estas acciones buscan aliviar la presión sobre las empresas que dependen del gas natural.
En paralelo, el sector educación también sufrirá modificaciones: se ha dispuesto que los colegios, institutos y universidades privadas de Lima y Callao operen bajo la modalidad de clases remotas durante una semana.
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Medidas de alivio económico y fiscalización
Para proteger la economía familiar frente al desabastecimiento, el Ejecutivo implementará las siguientes acciones:
- Aumento del Vale FISE: El subsidio para el balón de gas de 10 kg subirá de S/20 a S/30 por 30 días, beneficiando a 1.3 millones de hogares.
- Apoyo al Transporte: El Estado cubrirá el pago mínimo mensual de las deudas por conversión a GNV de los taxistas durante la crisis.
- Abastecimiento: El Minem liberará reservas de combustibles y flexibilizará mezclas con biocombustibles.
Finalmente, la premier advirtió que el Indecopi y Osinergmin intensificarán la supervisión en grifos para evitar la especulación. Además, se modificará el Código de Protección del Consumidor para sancionar el acaparamiento como una infracción grave en contextos de emergencia. La racionalización del gas priorizará servicios esenciales como salud, transporte y seguridad.
