El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de su dependencia Provías Nacional, ha decidido resolver el contrato con la empresa PMO Vías. Esta medida del Gobierno de José Jerí impacta directamente en la construcción del Puente Santa Rosa, su Vía Expresa asociada y la Nueva Carretera Central.
Estas infraestructuras estaban proyectadas para mejorar la conectividad de más de 30 millones de pasajeros anuales del Aeropuerto Jorge Chávez.
¿En qué se fundamenta el Gobierno José Jerí?
La decisión del Poder Ejecutivo se fundamenta en un informe emitido por la Defensoría del Pueblo sobre integridad corporativa.
Según el documento, las empresas Egis Eau S.A.S., Egis International S.A.S. y Egis Colombia S.A.S. presentan inhabilitaciones internacionales. Estas sanciones provienen del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por prácticas fraudulentas o colusorias.
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La cláusula anticorrupción del contrato, suscrito originalmente en mayo de 2021, es el eje central de la anulación técnica. No obstante, los hechos de corrupción señalados por la autoridad ocurrieron en el año 2019, antes de la firma.
Impacto en la infraestructura y la Nueva Carretera Central
La Nueva Carretera Central representaba una inversión estimada de 24,541 millones de soles para la primera autopista de alta montaña. El diseño contemplaba 183 kilómetros de extensión, incluyendo túneles, viaductos y cuatro carriles para conectar Lima con la región Junín.
El inicio de las obras físicas estaba previsto para el año 2026 tras culminar los expedientes técnicos. La exministra de Transportes, Paola Lazarte, advirtió que esta medida compromete el modelo de Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia.
Ministerio de Transportes ejecutó resolución
Por su parte, la ministra de Economía, Denisse Miralles, anticipó semanas atrás la intención de renegociar contratos de este tipo. El actual titular del MTC, Aldo Prieto, ejecuta la resolución en un contexto de transición política.
Representantes de la sucursal de PMO Vías en Perú intentaron establecer canales de diálogo directos con las autoridades ministeriales. Sin embargo, fuentes de la empresa informaron que no se les permitió el ingreso a las instalaciones del sector.
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Controversia legal por inhabilitaciones internacionales
El argumento legal de Provías Nacional se centra en que la sanción a las filiales extranjeras alcanza a la sucursal peruana.
Se cuestiona que el contrato fuera firmado por el gobierno de Francisco Sagasti y avanzara durante años sin observaciones. Los trabajos preparatorios y estudios técnicos ya se encontraban en una etapa avanzada para su ejecución definitiva.
El gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, manifestó que la suspensión de la vía afecta la competitividad del centro del país. La resolución contractual deja en incertidumbre el cronograma de ejecución de ambas megaobras de transporte nacional.
