La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras confirmarse la participación de la empresa Galaga en el proceso de distribución para la segunda vuelta 2026. Pese a los incidentes registrados durante la jornada del 12 de abril, donde miles de ciudadanos enfrentaron dificultades para votar, la compañía busca repetir su rol el próximo 7 de junio.
La normativa vigente permite que Galaga compita en la licitación, aún cuando mantiene una investigación fiscal abierta por presuntas irregularidades en la primera etapa del proceso electoral. Según los lineamientos de la institución, la invitación se extendió formalmente a través de correo electrónico, cumpliendo con el protocolo de convocar a proveedores del rubro para presentar sus ofertas técnicas.
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ONPE: Nuevos términos de referencia y exigencias logísticas tras demoras con Galaga
Para esta nueva convocatoria, la subgerencia de producción electoral ha introducido modificaciones significativas en los términos de referencia. A diferencia de la primera vuelta, ahora se exige una cantidad mínima de 200 unidades de transporte para Lima, de las cuales al menos 20 deben ser propiedad directa de la empresa adjudicada.
El cronograma establece que el despliegue del material electoral hacia los locales de sufragio se realizará entre el 5 y el 6 de junio de 2026. Esta planificación de apenas 24 horas de antelación ha generado cuestionamientos entre otros operadores logísticos, quienes señalan que las condiciones actuales podrían favorecer la concentración del servicio en un solo proveedor.
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Reclamos de competidores y seguridad del conductor
Diversas empresas del sector han manifestado su incomodidad ante la insistencia de contratar a un proveedor único. Postores como AFE solicitaron flexibilizar requisitos, incluyendo la reducción de experiencia de los choferes y la omisión de la afiliación política de los mismos. Sin embargo, la ONPE rechazó estos pedidos alegando que la naturaleza del servicio exige garantizar la probidad absoluta de quienes trasladan las ánforas y cédulas.
Hasta el momento, la entidad electoral no ha emitido una respuesta oficial sobre la prudencia técnica de incluir a una empresa cuestionada en un despliegue de tal magnitud. La seguridad de las elecciones depende de una distribución eficiente que evite el caos logístico vivido anteriormente.
