En ‘Beto a Saber’, se alertó sobre la creciente modalidad de ingresos para el sector jurídico: la defensa legal de empleados públicos con cuestionamientos en su administración.
Según el reporte, más de un estudio de abogados en el país ha encontrado un nicho rentable en la prestación de servicios de asesoría jurídica para altos funcionarios del Estado que enfrentan procesos por presuntas irregularidades.
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Esta práctica se ampara en una normativa que permite al trabajador público acceder a defensa legal pagada con recursos estatales, una situación que generó controversia debido a los altos montos que el tesoro público desembolsa para estos fines, incluso en casos vinculados a delitos de corrupción.
Defensas millonarias y estudio de abogados involucrados
Se identificó casos específicos donde el Estado ha destinado sumas considerables para cubrir honorarios legales.
Entre ellos, destaca la mención al estudio Arbizu & Gamarra, encargado de la defensa de Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, y de Jorge Salas Arenas, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Asimismo, se expuso que el estudio de abogados liderado por Carlos Caro Coria habría recibido aproximadamente 120,000 soles por representar al exministro Juan José Santiváñez.
Estas contrataciones se realizan mediante órdenes de servicio directas, lo que permite a las firmas legales acceder a beneficios económicos significativos provenientes de los impuestos de la ciudadanía.
Expertos consultados en la nota, como Eduardo Herrera de la Defensoría Nacional Anticorrupción, señalaron que lo que debería ser una excepción de justicia se ha transformado en un mercado recurrente.
La crítica técnica se centra en que la normativa actual permite que el Estado financie defensas legales en múltiples instancias, incluyendo casaciones ante la Corte Suprema o apelaciones ante el Tribunal Constitucional, extendiendo los pagos por décadas debido a la dilación de los procesos judiciales en el Perú.
El impacto en el presupuesto público
La controversia sobre este beneficio también ha llegado al Poder Legislativo.
El informe reveló que Fernando Rospigliosi, miembro del Congreso, solicitó asesoría legal a la mesa directiva para su proceso contra la ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, pedido que fue aceptado bajo el mismo marco legal.
Esta situación refuerza la tesis de que el financiamiento de cada estudio de abogados involucrado en estos casos no distingue entre la naturaleza del proceso o el perfil del funcionario, siempre que se cumplan los requisitos administrativos vigentes para el acceso a la defensa.
Richard Arce, excongresista, calificó la situación como un “ruleteo” de las mismas firmas legales que suelen defender a personajes involucrados en casos de alta complejidad.
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El análisis técnico del informe advierte sobre la necesidad de regular los montos máximos y los criterios de otorgamiento de estos beneficios, ya que, hasta la fecha, no se registran casos de funcionarios que hayan devuelto el dinero invertido en su defensa tras ser sentenciados.
Mientras el sistema de salud y pensiones enfrenta carencias, el Estado continúa operando como la fuente principal de financiamiento para defensas legales de alto costo en el ámbito público.
