El Poder Ejecutivo ha dado un paso decisivo para blindar la conectividad nacional. A través de la publicación del Decreto Legislativo N° 1704 en el diario oficial El Peruano, se ha establecido un marco normativo que le permite al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declarar en emergencia el servicio público de transporte.
Esta medida, aprobada bajo las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, busca prevenir el colapso de la movilidad ante desastres o fallas estructurales.
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MTC liderará intervenciones rápidas en infraestructura dañada
La norma faculta directamente al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para activar esta declaratoria cuando se verifiquen daños críticos o un peligro inminente que comprometa la integridad de los pasajeros. El objetivo central es claro: evitar que el país quede incomunicado y asegurar que el flujo de bienes y personas no se detenga por trabas burocráticas.
Una de las herramientas más potentes de este decreto es la vigencia de hasta 180 días calendario (prorrogables), periodo durante el cual el MTC podrá agilizar las contrataciones necesarias bajo el amparo de la Ley General de Contrataciones Públicas. Esto permitirá que la maquinaria y las cuadrillas de reparación lleguen a los puntos críticos con una velocidad que antes era difícil de alcanzar.
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Alcance de la medida y financiamiento
Lo innovador de esta normativa es su alcance transversal. El MTC no solo podrá intervenir en las vías de su competencia directa, sino que también podrá actuar en:
- Infraestructura bajo la administración de gobiernos regionales y locales.
- Vías concesionadas, siempre respetando los marcos contractuales vigentes.
- Gestiones prediales temporales para liberar terrenos de manera inmediata.
La capacidad de acción se extiende incluso a la liberación de interferencias que impidan el restablecimiento del servicio. Un punto fundamental para la estabilidad económica es que estas operaciones se financiarán con el presupuesto ya asignado al MTC, lo que significa que no se generarán gastos adicionales al Tesoro Público.
Con este decreto, el Estado peruano fortalece su capacidad de respuesta ante fenómenos naturales o crisis de infraestructura, garantizando que el servicio de transporte, pilar de la economía nacional, se mantenga operativo bajo cualquier circunstancia.
