El panorama político se agita tras la decisión de la Fiscalía de iniciar una investigación preliminar contra cinco de las 14 mujeres contratadas por José Jerí. El caso, que salió a la luz tras un reportaje dominical, expone un presunto modus operandi de contrataciones bajo la modalidad de órdenes de servicio, destinadas originalmente a perfiles técnicos de alta especialización, pero que en esta gestión habrían beneficiado a jóvenes sin la trayectoria proporcional a sus honorarios.
Ante este escenario, el congresista Edwin Martínez ha generado controversia al adoptar una postura de defensa hacia el criterio de selección empleado. Durante un tenso intercambio con el periodista Beto Ortiz, Martínez cuestionó la severidad de las críticas, enfocando su argumento en la libertad de acceso al trabajo y restando importancia a los horarios poco convencionales en los que se realizaban las “entrevistas” laborales.
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Edwin Martínez defiende a mujeres contratadas por José Jerí
“No critiquemos el hecho de que una chica bonita vaya a buscar trabajo y se le haya adjudicado un contrato o una orden de servicio”, afirmó Martínez, intentando desviar la atención de las irregularidades administrativas hacia un supuesto prejuicio estético.
El legislador sostuvo que se debe diferenciar entre un concurso público y una contratación por recibo por honorarios, sugiriendo que en esta última modalidad el criterio de confianza o discrecionalidad del jefe de pliego tiene mayor peso.
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Pide ‘objetividad’
Ante la insistencia sobre la idoneidad de que estas reuniones se prolonguen hasta la madrugada, Martínez evitó condenar la práctica y pidió ser “objetivos”. Según el parlamentario, centrar la crítica en el aspecto de las trabajadoras es caer en el “sensacionalismo”, una postura que Ortiz calificó rápidamente como un evidente “espíritu de cuerpo” hacia la cuestionada gestión de Jerí.
El hecho concreto que la Fiscalía investiga es el uso de una modalidad contractual diseñada para atraer a “talentos de la empresa privada” con sueldos competitivos. Sin embargo, las beneficiarias parecen no encajar en el perfil de “expertas” que la normativa exige para tales remuneraciones.
