El Poder Judicial rechazó este miércoles 15 de octubre el pedido presentado por la Fiscalía de Lavado de Activos que buscaba imponer impedimento de salida del país por 36 meses a la vacada expresidenta Dina Boluarte, quien es investigada por presunto lavado de activos.
La decisión fue adoptada por el juez Fernando Valdez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, quien declaró infundado el requerimiento fiscal al considerar que no existen elementos suficientes que justifiquen la medida restrictiva.
“No se cumple con los presupuestos, no existe sustento fáctico. Si bien se cumple la pena mayor a tres años, no existen actos de investigación que sea indispensable la presencia de la investigada. Tampoco existe peligro de fuga, no es proporcional debido al comportamiento procesal”, sostuvo Valdez.
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Durante la audiencia, el magistrado explicó que no se advierte peligro de fuga en el caso de la exmandataria, quien fue destituida por el Congreso.
Por su parte, Juan Carlos Portugal, abogado de Boluarte, defendió la permanencia de su patrocinada en el país y descartó cualquier intento de evasión de la justicia.
El letrado afirmó que es “imposible” que la exgobernante se fugue, dado que aún se desplaza con seguridad del Estado.
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Fiscal anuncia apelación
A pesar de la resolución judicial, el fiscal Ángel Astoncondor anunció que presentará una apelación contra el fallo, con el fin de insistir en la imposición de la medida de impedimento de salida.
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La Fiscalía contra el Lavado de Activos investiga a Dina Boluarte por presuntamente haber creado una cuenta mancomunada a favor de Perú Libre para recaudar fondos destinados al pago de la reparación civil impuesta a Vladimir Cerrón, además de un supuesto financiamiento prohibido de la campaña electoral de 2021, cuando la exgobernante integró la fórmula presidencial del partido del lápiz.
Segundo pedido de impedimento de salida del país
Aunque el Poder Judicial haya rechazado este primer pedido, Boluarte aún podría enfrentar una restricción para abandonar el país, ya que este jueves 16 de octubre se evaluará una segunda solicitud fiscal de impedimento de salida por 18 meses, vinculada a una investigación preliminar por presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
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