La Comisión Permanente del Congreso archivó las denuncias constitucionales presentadas contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y exministros por las muertes ocurridas durante las protestas sociales del 2022 y 2023.
Asimismo, se decidió la misma acción a favor del exministro de Salud, Óscar Ugarte, por la vacunación del expresidente Martín Vizcarra contra la Covid-19.
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Las atribuciones en la denuncia contra Dina Boluarte
La denuncia constitucional contra la jefa de Estado por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, debido a las muertes ocurridas entre diciembre del 2022 y enero 2023, se archivó con 12 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones.
En dicha querella se atribuía los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves a la presidenta, al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, también a los exministros Alberto Otárola, César Cervantes, Víctor Eduardo Rojas, Vicente Romero y Jorge Luis Chávez Cresta.
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“No existen elementos de convicción suficientes”
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, justificó el archivamiento, precisando que no existen elementos probatorios que permitan demostrar fehacientemente y con claridad objetiva la infracción del deber de protección que habrían tenido los denunciados en cuanto a las muertes ocurridas durante las protestas.
“No existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura organizativa del Estado con la intención de causar muertes y lesiones. Se ha determinado que, en mérito a las pruebas aportadas y presentadas, no existen elementos de convicción suficientes que configuren en los tipos penales de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves”, señaló.
Vale mencionar que, antes de la votación, la congresista Ruth Luque cuestionó que el informe no permita que el Ministerio Público realice las investigaciones para esclarecer la muerte de cerca de 50 peruanos, por lo que presentó una cuestión previa para que el informe final retorne a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sin embargo, se rechazó el pedido con el voto dirimente del congresista Ilich López, quien conducía la sesión.
Del mismo modo, se desestimó el pedido de reconsideración del parlamentario Edgar Reymundo.
