Una grave denuncia remece el Ministerio de Energía y Minas (Minem). El exdirector de formalización minera, Wilfredo Portilla, señaló directamente al congresista Ilich López como el presunto cabecilla de una red que exige pagos ilícitos a cambio de cargos públicos.
Según el testimonio de Portilla, se le solicitó un aporte de 30 mil dólares para mantenerse en su puesto. El exfuncionario identificó a Miguel Álvarez Rojas y Héctor Vilches Otarola como los intermediarios o “esbirros” encargados de realizar el cobro para el parlamentario.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Rafael López Aliaga sobre si sus candidatos tienen Reinfo: “Son tres casos de personas que no son asesinos”
Ilich López: la conexión Huancayo y el control del sector
La investigación periodística revela una coincidencia geográfica entre los principales implicados. Tanto el legislador Ilich López como el actual ministro de Energía y Minas, Luis Aldo Bravo de la Cruz, y sus asesores directos, provienen de la ciudad de Huancayo.
Incluso, se detectó que el ministro Bravo y el congresista comparten la misma casa de estudios: la Universidad Nacional del Centro del Perú. Esta cercanía ha levantado sospechas sobre una presunta gestión de facto dentro de la Dirección General de Formalización Minera.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Elecciones 2026 marcado por la minería informal: un total de 64 candidatos a diputados y senadores con Reinfo
Omisión de funciones y blindaje administrativo
Existen registros de chats que datan del 26 de enero de 2026, donde se alertó al ministro Bravo sobre las irregularidades y el chantaje de los 30 mil dólares. No obstante, el titular del sector habría optado por no notificar a las entidades de fiscalización.
A este escenario se suma la situación de Alberto Arturo Rojas Cortegana, vinculado a la presunta manipulación de 115 registros en el Reinfo. Pese a las investigaciones técnicas, el ministerio determinó que las faltas administrativas prescribieron, evitando cualquier sanción efectiva.
Por su parte, el congresista Ilich López rechazó las acusaciones y manifestó su disposición a someterse a cualquier proceso de interpelación, negando tener atribuciones sobre las designaciones de personal en el Poder Ejecutivo.
