Corte-IDH sigue inmiscuyéndose en Perú: ahora resuelve que el Estado incurrió en "desacato" por liberación de Alberto Fujimori 

Sigue inmiscuyéndose en asuntos internos de Perú. La cuestionada Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), en una nueva resolución, señaló que el Estado de Perú incurrió en "desacato" al liberar al expresidente Alberto Fujimori.

"Declarar, de conformidad con lo expuesto en los Considerandos 59 a 73, que el Estado ha incurrido en un desacato de la Resolución de adopción de medidas urgentes de no innovar emitida por la Presidencia de la Corte Interamericana el 5 de diciembre de 2023, así como también ha incurrido en un desacato de las Resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia de 30 de mayo de 2018 y 7 de abril de 2022, debido a que ejecutó la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022 que restituyó los efectos al indulto 'por razones humanitarias' otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el Presidente de la República a Alberto Fujimori, a pesar de que la Corte había dispuesto que debía 'abstenerse de implementar[la]', debido a que no observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional de dicho indulto", se lee en el documento.

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Además, el tribunal supranacional señaló que el Tribunal Constitucional no puede arrogarse funciones que no le corresponden, como la de determinar cuándo la Corte-IDH actúa en el marco de sus "competencias".

"No les corresponde a los tribunales internos de los Estados definir cuáles son las competencias de este Tribunal internacional, ya que es la propia Corte Interamericana, como todo órgano internacional con funciones jurisdiccionales, la que tiene el poder inherente de determinar el alcance de sus propias competencias", criticó la instancia internacional.

La Corte-IDH dispuso, asimismo, una supervisión reforzada acerca de la obligación del Estado peruano de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta. En ese sentido, se le dio un plazo al Estado hasta el 4 de marzo del próximo año para entregar un informe sobre estos casos.

Como se sabe, el Tribunal Constitucional (TC) restituyó el indulto otorgado a Alberto Fujimori, el cual le fue otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynksi en el 2017, y ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al director del penal de Barbadillo que dispongan la inmediata libertad del exmandatario.

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Así, el 7 de diciembre último, Fujimori abandonó la cárcel de Barbadillo con unas gafas nasales que proveen de oxígeno, al lado de sus hijos Keiko y Kenji.