El Consejo Fiscal, órgano que brinda opiniones técnicas sobre las finanzas públicas, ha emitido una alerta sobre el déficit fiscal al que se dirige el país. La causa principal, según la entidad, son los proyectos de ley del Congreso. Estas normas implican grandes gastos sin contar con el presupuesto suficiente para afrontarlos.
En total, se han identificado 229 leyes que deben sostenerse con un alto costo fiscal. Solo diez de estas propuestas requieren un desembolso de 25 mil millones de soles al año. Desde agosto de 2021, el actual Congreso ha aprobado más de 200 leyes. Este volumen triplica el promedio histórico registrado en periodos anteriores.
De acuerdo con la información presentada, el 44% de todas estas normas legales fueron aprobadas por insistencia. Esto significa que el Parlamento las ratificó pese a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo.
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Según las estimaciones del Consejo Fiscal, las leyes aprobadas por el Congreso generarían 35 mil millones de soles de pérdida al año. Entre las diez propuestas legislativas con mayor impacto presupuestal, que suman 25 mil millones de soles anuales, se mencionan iniciativas de congresistas como Sigrid Bazán, Alejandro Soto y Angela Barbarán.
Los montos
Entre 2021 y 2025, la ley con mayor costo fiscal aprobada por el Congreso es la 31495 (bonificación docente), con un impacto transitorio de S/ 40,561 millones. Le sigue la Ley 32387 (incremento del FONCOMUN) con S/ 8,500 millones recurrentes. También destacan la Ley 31729 (Bono ONP) con S/ 6,380 millones y la Ley 32335 (sanciones tributarias) con S/ 5,280 millones.
Otras normas relevantes son la Ley 32201 (repatriación de capitales) por S/ 3,600 millones y la Ley 32424 (homologación CAFAE) por S/ 2,621 millones. La lista de alto impacto la completan leyes sobre Zonas de Desarrollo Turístico (S/ 2,011 M), liberación de detracciones MYPE (S/ 1,660 M), negociación colectiva pública (S/ 1,179 M) y el régimen agrario (S/ 1,170 M).
Consejo Fiscal alerta del gasto público
El Consejo Fiscal ha expresado preocupación por la facilidad con que se proponen gastos sin identificar su costo o financiamiento, comparándolo con una familia que gasta sin saber cómo pagará. Advierten que esta tendencia es común en “meses de campaña”, donde se aprueban medidas que el presupuesto “no lo soporta”.
La entidad alerta que los ingresos actuales son transitorios, dejando una “bomba de tiempo” al próximo gobierno, describiendo la situación como un “sobregiro” cuando se debería ahorrar. Acusan al Congreso de deteriorar las finanzas públicas, poniendo en jaque la fortaleza macroeconómica del país.
Por ello, se pide al Congreso “dejen de aprobar estas normas” de alto costo y las reevalúen. Si bien empatizan con las necesidades ciudadanas, como mejores sueldos y pensiones, insisten en que deben hacerse con prudencia, prioridad y una “fuente de financiamiento” clara.
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Proceso legislativo y la responsabilidad del Ejecutivo
El informe cuestiona cómo avanzan estas leyes, citando un intento de exonerar del IGV a Yape con un informe de solo 14 páginas. Se critica que un documento tan breve haya pasado los filtros parlamentarios hasta llegar al pleno.
Se señala que los proyectos de gasto público deberían pasar por la Comisión de Economía, presidida en un momento por Illich López. Sin embargo, el reporte indica que esta práctica no se está siguiendo en el actual Parlamento.
Economistas también responsabilizan a los dos últimos presidentes y sus ministros de economía. Se les acusa de “no han observado las leyes nocivas” ni las han llevado al Tribunal Constitucional (TC) para proteger la salud fiscal.
Esta última acción es respaldada por el Consejo Fiscal, que pide llevar varias normas al TC o derogarlas. Se llama a “parar la turbulencia política” en un trabajo que compete al gobierno de José Jerí y al próximo, concluyendo que existen “Leyes pro Banca Rota”.
