La congresista de Acción Popular, Maricarmen Alva, presentó el Proyecto de Ley N.º 11357/2024-CR, que modifica la Ley del Servicio Civil para establecer que los servidores públicos asuman inicialmente los costos de su defensa legal en procesos judiciales, administrativos o constitucionales.
Es decir, el Estado reembolsaría estos gastos únicamente si se determina su no responsabilidad en los hechos investigados.
La iniciativa propone modificar el artículo 35 de la Ley N.º 30057, que actualmente permite a los servidores civiles contar con defensa y asesoría legal financiada por el Estado. En su lugar, se establecería el nuevo mecanismo de financiamiento y reembolso.
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Como indica en su iniciativa la expresidenta del Congreso, con esta medida se busca asegurar el principio de legalidad y responsabilidad en la administración pública, proteger al servidor inocente y optimizar el uso de recursos públicos, evitando gastos innecesarios en defensa de servidores que resulten responsables judicialmente.
El proyecto también encarga al Poder Ejecutivo la regulación de los criterios y procedimientos técnicos para implementar adecuadamente esta norma. Esta propuesta se enmarca en un contexto donde el gasto estatal en defensa legal de funcionarios ha sido significativo.
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Por ejemplo, durante la administración de la presidenta Dina Boluarte, el Ministerio del Interior gastó más de S/ 1,4 millones en la contratación de servicios de abogados para ejercer la defensa legal de exministros, funcionarios y miembros de la Policía Nacional del Perú.
PROYECTO DE LEY
