La expremier de Pedro Castillo, Mirtha Vásquez, enfrenta una denuncia constitucional que podría apartarla de la carrera electoral definitivamente. El proceso busca una inhabilitación de 10 años para ejercer cualquier cargo público debido a presuntas irregularidades administrativas.
Los hechos se centran en su gestión como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la República. Según el documento acusatorio, la excongresista habría favorecido a nueve personas de su círculo cercano con contrataciones y beneficios económicos.
La investigación señala que Vásquez Chuquilín habría omitido los procedimientos legales establecidos en el reglamento del Congreso. Específicamente, se le cuestiona por realizar acciones de manera unilateral poco antes de culminar sus funciones.
Mirtha Vásquez y los cuestionamientos por aumentos salariales
La acusación sostiene que la política aprobó un aumento salarial para nueve funcionarios de confianza sin contar con el aval del pleno de la mesa directiva. Esta decisión habría vulnerado el artículo 30 del reglamento legislativo y la ley 30647.
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Entre los beneficiados figuran el entonces oficial mayor, Yon Pérez Paredes, y la jefa de recursos humanos, Marisol Rebaza Guerra. Los informes indican que algunos de estos colaboradores no reunían la experiencia necesaria ni el perfil profesional requerido.
Un caso específico mencionado en la denuncia es el de Lucía Cristina Ascencio Cerda, designada en el área de desarrollo y bienestar. La fiscalización advierte que la funcionaria no contaba con los estudios de posgrado o diplomados exigidos para dicha posición.
A pesar de que Mirtha Vásquez intentó dejar sin efecto los incrementos remunerativos mediante un documento posterior, la denuncia indica que el acto administrativo ya se había consumado. Este escenario complica la situación jurídica de la expresidenta del Congreso.
Mirtha Vásquez: Controversias políticas y la lista de Sarratea
Además de los procesos administrativos, la figura de la expremier es vinculada a otros episodios críticos durante el periodo de Pedro Castillo. Uno de ellos es la entrega de la lista de visitas de la casa de Sarratea.
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Aunque Vásquez aseguró públicamente que dicha información fue entregada a las autoridades, diversos reportes señalan que la lista nunca llegó a su destino. Este hecho es citado como un antecedente de falta de rendición de cuentas en su trayectoria.
Asimismo, se recuerda su intervención unilateral en el sector minero, donde anunció el cierre de varias unidades en Ayacucho. Aquella decisión se tomó sin el acuerdo previo del Consejo de Ministros, generando tensiones en el sector empresarial.
Actualmente, Mirtha Vásquez evalúa interponer una acción de amparo para frenar el avance de la acusación constitucional. La defensa argumenta que las imputaciones planteadas no se ajustarían a la realidad de los hechos ocurridos durante su gestión.
