Congreso no logró consenso sobre proyecto de terrorismo urbano: dictamen pasó a cuarto intermedio

La noche del jueves, el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso que busca modificar el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para incorporar el delito de terrorismo urbano, pasó a un cuarto intermedio.

El requerimiento fue realizado por el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita (Perú Libre), a fin de que el dictamen recaído en los proyectos de ley 5525, 5838, 5969, 5972, 6014, entre otros, que plantea modificar el Código Penal, se incorpore el delito de terrorismo urbano.

"La Comisión de Justicia va a recoger las sugerencias y aportes. Este tema es algo serio y no se trata de manejarlo emocionalmente o de interés, sino de buscar la paz social y proteger la vida de las personas, por lo tanto, pido un cuarto intermedio para desarrollar mejor esta propuesta", sostuvo el legislador al término del debate de la propuesta.

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Inicialmente, se presentó un texto sustitutorio que modifica el término terrorismo urbano, por criminalidad sistemática. Sin embargo, se presentó una cuestión previa para que regrese a la comisión.

Luego, se pasó al cuarto intermedio y poco después se suspendió la sesión en la que se debía definir la viabilidad de esta iniciativa.

Asimismo, vale precisar que la propuesta del Gobierno de Dina Boluarte, que propone incorporar el delito de terrorismo urbano en el Código Penal, a fin de incrementar las penas en casos de extorsión, sicariato y asaltos, no fue incluida en el debate, pues se priorizó las iniciativas similares que ya habían sido vistas en comisión.

ACCIDENTADO DEBATE 

Durante el debate, el congresista Edwin Martínez (Acción Popular) sostuvo que, ante tanta inseguridad en el país, no queda otro camino que luchar frontalmente contra la criminalidad.

Por su parte, el legislador Alejandro Cavero (Avanza País) detalló que en el texto incorpora unos 40 delitos, pero no están los tres más importantes que generan zozobra en la población: narcotráfico, tráfico de terrenos y minería ilegal, los cuales sugirió incorporar.

A su vez, el parlamentario Diego Bazán (Renovación Popular) mencionó la importancia de aprobar "algo que realmente funcione", ese decir, una propuesta muy bien elaborada, al tiempo que planteó una reforma penitenciaria.

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En tanto, la congresista Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) expresó que el debate refleja una "admisión de culpa de parte del Congreso" por el rechazo ciudadano a los cambios a la Ley del Crimen Organizado.

De igual modo, Jaime Quito (Bancada Socialista) opinó que no se quiere combatir la criminalidad con esta propuesta y lo que se pretendería es criminalizar la protesta social.

Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) remarcó que “las penas no disuaden el delito, lo que disuade al delincuente es que se ejecuten las penas. El problema central es la reorganización del sistema judicial”.

En tanto, para Bernardo Pazo (Somos Perú) la delincuencia está ganando terreno en el país y se debe dar una respuesta desde el Congreso, ya que la población pide medidas drásticas contra la criminalidad.