La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó por unanimidad, 17 votos, el dictamen que modifica el Código Penal para incorporar el delito de fraude o manipulación de resultados en competencias deportivas oficiales.
La propuesta recoge las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa previamente observada y se sustenta en diversos proyectos de ley presentados entre 2023 y 2025.
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La iniciativa busca fortalecer la integridad del deporte y castigar penalmente cualquier conducta destinada a alterar la transparencia, imparcialidad o resultado de eventos deportivos oficiales en el país. El presidente del grupo de trabajo, Flavio Cruz Mamani (Perú Libre), destacó que la aprobación representa un avance decisivo en la lucha contra prácticas ilícitas que vulneran la ética deportiva y dañan la confianza pública.
Congreso: ajustes tras observaciones del Ejecutivo
Durante el debate, la comisión consideró pertinentes varias observaciones del Poder Ejecutivo, especialmente las relacionadas con la definición de “competencia deportiva oficial”, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como la incorporación de agravantes vinculadas al crimen organizado, lavado de activos y reincidencia. En estos puntos, el grupo parlamentario decidió allanarse.
No obstante, respecto a la ubicación sistemática del nuevo artículo 197-A dentro del Código Penal, el grupo de trabajo discrepó. Si bien reconoció que el análisis técnico del Ejecutivo era válido, sostuvo que la actual estructura normativa no contempla un título específico sobre integridad deportiva, por lo que no sería viable recolocar la disposición como se sugería.
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Penas por manipulación de resultados
El dictamen incorpora el artículo 197-A al Código Penal, estableciendo penas de cuatro a ocho años de prisión, además de inhabilitación conforme a los numerales 1, 2, 4 y 5 del artículo 36. Estas sanciones se aplicarán cuando la manipulación sea cometida por deportistas, entrenadores, árbitros, dirigentes, personal médico, agentes o cualquier persona con influencia directa o indirecta en una competencia.
La pena también alcanzará a quienes actúen motivados por apuestas deportivas, a operadores vinculados a estas, y a miembros de organizaciones criminales o implicados en lavado de activos. Con esta decisión, el Congreso busca cerrar brechas legales y garantizar mayor transparencia en el deporte peruano.
