'ContraCorriente' presentó nuevas evidencias que comprometen aún más la situación legal de la congresista Rosío Torres, acusada de 'mochasueldos' e investigada por el delito de concusión, por el cual podría ser sentenciada con ocho años de cárcel.
En un reportaje, el dominical de Willax Televisión reveló que la parlamentaria, blindada por la Comisión de Ética, habría comprado el silencio de sus trabajadores para así mantenerlos en sus cargos.
En un mensaje remitido el 21 de octubre de 2022, vía WhatsApp, se pudo conocer la existencia de dos vouchers bancarios como parte de una "cuota" del mes. La primera constancia detalla S/ 6,850.00, mientras que la segunda es de S/ 3,000.00. El titular de la cuenta que recibió los depósitos es Juan Daniel Pérez Guerra, sobrino de la parlamentaria.
El programa indicó que se trata de uno de los tantos mensajes por WhatsApp que se encuentra en poder de la Fiscalía de la Nación, el cual evidencia que los trabajadores de Torres, víctimas de recorte de sueldos, aceptaron mentir por orden de ella para no perder sus empleos.
A PESAR DE PRUEBAS, LO NIEGA TODO
En respuesta, Rosío Torres negó reiteradamente las imputaciones, deslizando ser víctima de una supuesta campaña de desprestigio.
"Niego tajantemente todos los cargos que se me atribuyen, por ser falsos", dijo la legisladora.
