La Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, una de las más ricas de la costa peruana, enfrenta una crisis a pocos días de sus elecciones, programadas para este domingo 14 de diciembre. Contracorriente llegó a la zona, a dos horas y media de Chiclayo, alertado por una grave denuncia presentada ante la Fiscalía: la inminencia de un atentado contra la voluntad popular de los comuneros.
Los aparceros genuinos de Olmos piden auxilio, alegando que su comunidad ha sido secuestrada por sus propias autoridades. El informe apunta directamente a la lista Celeste, sindicada desde el 2014, según la carpeta fiscal 2019-1097, como la génesis de una presunta organización criminal enquistada en el poder.
El actual presidente reelecto, Santos Efraín Montalván Núñez, de 37 años, pertenece a la lista Celeste, a pesar de que ya hubo denuncias de fraude en su elección anterior. Montalván, a través de su propia cuenta de Facebook, ha impulsado la candidatura de su actual tesorero para el nuevo proceso, lo que sugiere un intento de repetir el patrón de control.
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Elecciones en Olmos
Las denuncias por fraude electoral se centran en la alteración del padrón electoral comunal y la falta de transparencia en el proceso. Existen tres listas en contienda: la Celeste (denunciada), la Melón del profesor Hugo Apaza, y la Roja de Percy Monja. Las listas Melón y Roja coinciden en denunciar la falta de garantías en el proceso.
Un factor adicional de controversia es el cobro inconstitucional de 10 soles que se exige a cada comunero para obtener su carné y poder votar. Decenas de comuneros, incluso habiendo pagado, han reportado que no se les entrega el documento a pocos días de las elecciones.
Martín Puse Monja, un comunero, recordó que en elecciones anteriores se vieron situaciones donde personas votaban hasta siete veces. También se denunció que el empadronamiento se realizaba de noche, incluyendo a personas ajenas a la comunidad. Estos métodos habrían permitido a la lista cuestionada mantenerse en el poder por 12 años.
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Comuneros sufren: Odebrecht y MTC involucrados
El descontento comunal es palpable. Don Andrés Baltazar, un olmeño de 75 años, lamenta el descontrol y los “robos” en la zona. El descontento se extiende, con comuneros señalando que, de los 200 caseríos, hay descontento por el manejo de 20 millones de soles provenientes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por la carretera.
A esto se suman graves acusaciones históricas contra la cúpula que busca perpetuarse en el poder: el fraude con Odebrecht, el tráfico de terrenos y la falta de transparencia en la rendición de cuentas por los 14 millones de soles del MTC y los miles de soles recaudados por un peaje comunal ilegal en una vía nacional, que se denunció hace un año.
La Ley de Comunidades Campesinas (N° 24656) tiene el espíritu de proteger a los comuneros, sin embargo, su autonomía está siendo usada por unos pocos para lucrar, vulnerando los derechos de la mayoría. Ante la inminencia de un nuevo fraude, los comuneros solicitan urgente atención y ayuda.
