La Comisión de Justicia del Congreso de la República ha dado luz verde al predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 10367 y otras iniciativas complementarias. Esta aprobación, lograda por unanimidad, representa un avance en la legislación orientada a combatir la criminalidad organizada que opera desde los establecimientos penitenciarios.
El objetivo central de la propuesta es imponer penas más severas para quienes introduzcan o utilicen equipos de comunicación no autorizados dentro de los penales y centros juveniles del país. Se busca de esta forma frenar el alarmante incremento de delitos graves como el sicariato y la extorsión, que en muchos casos se gestan al interior de las cárceles.
El impulsor de la medida, el congresista Alejandro Muñante, destacó que el predictamen otorga facultades ampliadas a las autoridades para intervenir redes ilícitas.
Específicamente, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio Público obtendrán mayores herramientas para la revisión, intervención y eventual inhabilitación de estas redes.
La seguridad ciudadana se ha visto comprometida por la facilidad con la que los internos logran mantener comunicación con el exterior para fines delictivos. Este proyecto busca cerrar las brechas legales que permitían una sanción insuficiente para estos actos, endureciendo la respuesta del Estado.
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Endurecimiento de las sanciones en el Código Penal
Una de las modificaciones más relevantes se centra en la reforma del Código Penal, específicamente en su artículo 200.6, el cual regula el delito de extorsión.
La norma propone incluir una modalidad agravada de extorsión cuando dicho acto ilícito se concrete mediante el uso de servicios de telefonía o cualquier otro medio de comunicación operado desde el interior de los penales.
Esta precisión busca atacar directamente el modus operandi principal de las bandas criminales que utilizan los celulares ingresados clandestinamente a las cárceles. Además, se ha modificado el artículo 368 del mismo cuerpo legal para establecer penas estrictas a quienes faciliten el ingreso de material prohibido a los centros de reclusión.
Quien ingrese o permita el acceso indebido de equipos de comunicación, fotografía o filmación en un centro penitenciario o juvenil será sancionado con una pena privativa de libertad que oscila entre 8 y 12 años.
La ley equipara, bajo este mismo marco de sanción, el ingreso de armas, municiones, equipos de comunicación y otros materiales prohibidos que pongan en peligro la seguridad del establecimiento.
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Comisión de Justicia: mayor rigor contra funcionarios
El predictamen aprobado establece un régimen de sanción agravado para los autores que ostenten una posición de autoridad dentro del sistema.
Si el responsable de ingresar o permitir el ingreso de los equipos prohibidos es una autoridad, abogado o funcionario público del INPE, la pena aplicable será de 10 a 15 años de prisión. Esta agravante se fundamenta en el deber especial de custodia y el abuso de la función pública que conlleva la comisión de este delito.
Adicionalmente, a la pena privativa de libertad, se incluye la pena de inhabilitación para ejercer cualquier función o cargo público, buscando la desvinculación total del sistema estatal.
Además, se ha dispuesto que los internos o terceras personas que utilicen medios de telecomunicación no autorizados para cometer delitos serán penalizados con una reclusión de 12 a 15 años. Esto aplica a la consumación de delitos graves como la extorsión, el sicariato o cualquier otra acción perpetrada con el uso de un celular clandestino desde la prisión.
Finalmente, la propuesta de reforma legal introduce sanciones para los funcionarios públicos que muestren una omisión deliberada ante estos hechos. Aquellos que omitan denunciar o informar sobre el ingreso o uso de estos equipos prohibidos, teniendo conocimiento de ello, recibirán penas de 4 a 8 años de prisión.
Pronta aprobación en el Pleno
El conjunto de estas modificaciones legislativas apunta a una estrategia integral de combate a la criminalidad, esperando su pronta discusión y aprobación en el Pleno del Congreso.
