La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso convocó a una sesión extraordinaria para este martes 14 de abril de 2026.
El objetivo principal de esta citación es recibir el informe detallado del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas.
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Corvetto responderá por los incidentes reportados durante la jornada electoral del pasado 12 de abril.
Comisión de Fiscalización pide explicaciones
El jefe de la ONPE deberá comunicar ante la Comisión de Fiscalización sobre las causas estructurales, técnicas y operativas que derivaron en las irregularidades registradas durante las votaciones.
El pliego de interrogaciones incluye el análisis de las fallas específicas del sistema digital electoral y los motivos por los cuales los mecanismos de contingencia no fueron eficaces.
Asimismo, se requiere transparencia sobre los procesos de contratación de proveedores tecnológicos y logísticos vinculados al proceso, incluyendo los criterios de selección y supervisión aplicados.
La agenda legislativa también exige explicaciones sobre las medidas correctivas implementadas para garantizar la legitimidad y los criterios técnicos que regirán la aplicación de la valla electoral y el método de la cifra repartidora en este contexto.
Supervisión del Jurado Nacional de Elecciones
Además de la presencia de Corvetto, la agenda contempla la invitación al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Rolando Burneo Bermejo.
El titular del ente electoral deberá responder ante la Comisión de Fiscalización sobre la legalidad de las decisiones adoptadas frente a las fallas operativas y la garantía del derecho al sufragio.
El informe solicitado al JNE incluye detalles sobre las incidencias ocurridas, tales como mesas no instaladas y demoras en los centros de votación.
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Se pondrá especial énfasis en el impacto de estas fallas en la validez del proceso, la afectación de las mesas que no pudieron instalarse y los ciudadanos que se vieron impedidos de ejercer su voto.
Esta sesión busca establecer las garantías adoptadas para restablecer la confianza ciudadana en los resultados finales del proceso electoral.
