La Comisión de Ética del Congreso blindó a la legisladora Rosio Torres (Alianza para el Progreso) y solo aprobó una sanción de 30 días de remuneración como multa en su contra y una amonestación escrita, en vez de suspenderla por 120 días por supuestamente haber recortado el sueldo de sus trabajadores.
La solicitud para salvar a Torres de la suspensión fue plantada por su colega de bancada, Cheryl Trigozo, a pesar de que el líder de APP, César Acuña, anunció la expulsión de su agrupación política.
La nueva sanción contra Rosio Torres fue aprobada por ocho votos a favor, tres en contra y dos abstenciones. Votaron a favor de esta reducción de sanción congresistas de Perú Libre, Acción Popular, APP, Renovación Popular, Perú Bicentenario y el Bloque Magisterial.
INVESTIGADA
Como se recuerda, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra la congresista Torres como presunta autora del delito de concusión por los presuntos cobros irregulares a los trabajadores de su despacho.
La indagación también comprende a Juan Daniel Pérez Guerra, sobrino de Rosio Torres, como presunto cómplice del referido delito.
Según el dominical 'Punto Final', la parlamentaria de APP habría obligado a al menos cinco trabajadores o extrabajadores de su despacho parlamentario a depositar parte de sus sueldos a su sobrino.
