La Cancillería peruana se vio obligada a emitir un pronunciamiento luego de las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a favor del exmandatario golpista Pedro Castillo.
Y es que la mandataria del país ‘Tricolor’ sostuvo, mediante una publicación en su cuenta de X, que Castillo Terrones se encuentra “injustamente encarcelado”, desentendiéndose de los hechos sucedidos en 7 de diciembre de 2022.
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“Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. […] Su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”, escribió en un primer momento.
Asimismo, la presidenta mexicana pidió la intervención de la ONU a favor de Pedro Castillo. “La Organización de las Naciones Unidas(ONU) debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, agregó.
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CANCILLERÍA: “PEDRO CASTILLO NO ES UN PERSEGUIDO POLÍTICO”
Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó en su comunicado total rechazo a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, los cuales “reflejan su desconocimiento total de la realidad peruana, de su Constitución y de su ordenamiento jurídico”.
“Pedro Castillo no es un perseguido político, como falsamente pretende sostener Sheinbaum”, añadieron, para luego recordar los hechos ocurrido el 7 de diciembre de 2022, cuando el exmandatario peruano realizó un fallido golpe de Estado.
“En razón a los actos ilícitos perpetrados en flagrancia y de conformidad con la legislación peruana, la situación jurídica de Pedro Castillo obedece a decisiones adoptadas en el marco del Estado de derecho”, continuaron.
Finalmente, enfatizaron que “el Ministerio de Relaciones Exteriores repudia esta posición ideologizada, que contradice los principios básicos del derecho internacional, en particular el respeto a la soberanía y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados”.
