Una ley aprobada por insistencia en el Congreso de la República, que prometía un bono para miles de fiscales a nivel nacional, se ha convertido en una promesa sin fondos.
La norma, que garantiza una bonificación mensual de hasta S/ 9,360, es en la práctica imposible de pagar debido a la falta de presupuesto en el Ministerio Público, generando una crisis institucional y el descontento de los beneficiarios.
La lucha de años de los fiscales por equiparar sus remuneraciones con las de los magistrados del Poder Judicial parecía llegar a su fin. El 21 de agosto, el Pleno del Congreso aprobó con 106 votos la autógrafa de ley, un hecho celebrado por los beneficiarios como un acto de justicia.
La norma, oficializada como la Ley 32432 el 9 de septiembre, dispone el otorgamiento de un bono adicional mensual para los fiscales titulares. Dicho beneficio equivale al 80%, 62% y 40% de 11,700 soles, según la jerarquía del funcionario.
Bono inviable: ¿cuál es el problema central?
El problema central de la ley radica en su financiamiento. La norma especifica que su implementación no demandará recursos adicionales del Tesoro Público y deberá ser cubierta con el presupuesto ya existente del Ministerio Público.
Sin embargo, las cifras demuestran una clara inviabilidad financiera. Para cubrir la bonificación de los 309 fiscales adjuntos supremos y superiores, se necesitarían S/ 9,360 para cada uno. A ellos se suman 2,785 fiscales adjuntos superiores y provinciales con un bono de S/ 7,254.
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Finalmente, el grupo más numeroso, compuesto por 5,277 fiscales adjuntos provinciales, debería recibir S/ 4,680 adicionales. Un simple cálculo matemático revela que el costo mensual total asciende a S/ 43,946,370, lo que al año representa un desembolso de S/ 527,356,440.
Esta enorme cifra choca frontalmente con la realidad presupuestal de la institución. Para el año 2025, al Ministerio Público se le asignó un presupuesto de 2 mil 9 millones 293 mil 195 soles, lo que significa 123 millones de soles menos que lo recibido en 2024.
Contradicciones y consecuencias políticas
Mientras los fiscales celebraban, la interna del Ministerio Público mostraba un panorama diferente. El 27 de agosto, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, envió el oficio 292-2025 al ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, solicitando que no se aprueben más leyes sin financiamiento.
En su defensa, Espinoza argumentó que su despacho había enviado “diversos oficios” al Congreso, advirtiendo que no se había previsto el presupuesto suficiente para esta ley. Sin embargo, públicamente alentaba a los fiscales a ejercer “presión positiva” para que los congresistas reflexionaran.
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En medio de esta situación, se produjo la reubicación del fiscal Juan Bautista Mendoza Abarca, presidente de la Junta de Fiscales Provinciales Titulares de Lima Centro. Mendoza Abarca fue una de las cabezas de las movilizaciones y gestiones a favor de esta ley.
La resolución de su traslado, firmada por la fiscal de la Nación el 4 de julio de 2025, se ejecutó días después de las gestiones del fiscal para que el Pleno aprobara la propuesta.
Ante la incertidumbre, los fiscales a nivel nacional han programado juntas permanentes, una medida de fuerza para exigir el cumplimiento de una ley que, por ahora, no cuenta con recursos.
