El candidato a diputado por Renovación Popular, Aldo Bravo, presentó un análisis estadístico sobre las denominadas actas de la serie 900 mil en el marco del proceso electoral 2026.
Según el ingeniero industrial y docente de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), se identificaron patrones de votación que se alejan de los promedios ordinarios en diversas jurisdicciones del país.
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Bravo sostuvo que estas actas “están hechas para hacer algo irregular“, basándose en un informe de auditoría digital forense realizado por una firma externa.
Aldo Bravo advierte comportamiento atípico
En ‘Ahora y en La Hora‘, Aldo Bravo explicó que las actas de la serie 900 mil, originalmente destinadas por la ONPE para centros poblados alejados o zonas periféricas, muestran una anomalía estadística significativa.
En estas mesas específicas, la votación del candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se habría multiplicado por tres o incluso cuatro veces en comparación con su desempeño en mesas contiguas o circundantes de la misma región.
El especialista detalló que, mientras en una zona determinada un candidato suele mantener un promedio estable de votación (por ejemplo, entre un 18% y 24%), en las actas bajo cuestionamiento los números presentan picos inusuales que no coinciden con la tendencia geográfica local.
Según lo expuesto por Aldo Bravo, este fenómeno se detectó no solo en provincias como Bagua o el distrito de La Peca en Amazonas, sino también dentro de la jurisdicción de la región Lima.
Pedido de auditoría externa
Ante los hallazgos presentados por la empresa Secretariat Logistics, Renovación Popular solicitó formalmente una auditoría integral del proceso electoral.
El argumento central se basa en que las cédulas de votación físicas aún no han sido destruidas, lo que permitiría realizar un recuento directo para contrastar la información digitalizada con los votos reales emitidos en las mesas de la serie 900 mil.
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El partido liderado por Rafael López Aliaga sostiene que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no debería actuar como juez y parte, por lo que es necesaria la intervención de una firma independiente para validar la transparencia de los resultados.
El equipo técnico de Bravo enfatizó que el objetivo de esta fiscalización es “poner una lupa” sobre las 4,703 actas que componen esta serie, las cuales representan un universo de más de un millón de electores potenciales.
