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La premier Mirtha Vásquez anunció esta tarde que el Gobierno del presidente Pedro Castillo presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley que regula la cuestión de confianza, la cual fue aprobada ayer por insistencia por el Congreso.
Según manifestó la titular de la PCM, dicho recurso se interpondrá no solo para velar por el \"equilibrio de poderes\", sino para conversar el Estado de derecho.
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\"El Consejo de Ministros hoy ha acordado que el Gobierno planteará una demanda de inconstitucionalidad ante el TC para justamente velar no solo por el equilibrio de poderes, sino por la conservación del Estado de derecho\", dijo Vásquez en conferencia de prensa.
Agregó que la norma aprobada por el Parlamento por insistencia genera preocupación respecto al \"diálogo cercano\" con dicho poder del Estado.
Asimismo, la primera ministra recordó que el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma constitucional para limitar, junto a la cuestión de confianza, la figura de vacancia presidencial, la que, lamentó, no fue considerada por el Legislativo antes de la aprobación de la ley.
Recordemos que esta iniciativa pretende eliminar la vacancia por incapacidad moral permanente, para que solo se dé por incapacidad física o mental.
\"Sin embargo, también queremos desde el Gobierno reafirmar hoy nuestro compromiso de diálogo y de concertación con el Poder Legislativo. No vamos a bajar los brazos en nuestro intento por llegar a una relación adecuada y respetuosa en el marco democrático del equilibro de poderes\", finalizó.
En la víspera, el Pleno del Congreso aprobó -con 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones- por insistencia la ley que desarrolla los artículos 132 y 133 de la Constitución y regula el uso de la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo.
La norma -que había sido observada por la administración de Castillo– establece que el Ejecutivo no puede plantear cuestiones de confianza por aspectos que son de competencia exclusiva y excluyente del Parlamento o de otros organismos constitucionalmente autónomos ni por reformas constitucionales.
Además, precisa que la aprobación o no de la cuestión de confianza solo puede ser interpretada por el Congreso, con lo que se descarta una “interpretación fáctica”.
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