La Justicia argentina concedió este martes el beneficio de la cárcel domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández, sentenciada a seis años de prisión, y dejó sin efecto su comparecencia ante el tribunal.
El juez Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la sentencia, otorgó a Fernández el cumplimiento de la condena en su domicilio del barrio capitalino de Constitución.
De acuerdo a la resolución judicial, la prisión domiciliaria tiene vigencia desde este mismo martes y Fernández no tendrá que comparecer en persona en los tribunales, cuando tenía previsto hacerlo este miércoles.
DEBERÁ CUMPLIR CONDICIONES
El juez le impuso a Fernández una serie de condiciones, entre ellas, que no podrá abandonar su domicilio “salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente”.
También deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la “convivencia pacífica” de sus habitantes.
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En un plazo de 48 horas, Fernández deberá presentar ante la Justicia un listado de las personas que integran su grupo familiar, su custodia policial, los profesionales médicos que la tratan normalmente y los abogados que la representan, quienes podrán acceder a su domicilio sin autorización judicial.
El cumplimiento de estas condiciones deberá ser supervisado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que elevará a la Justicia un informe cada tres meses para evaluar el grado de acatamiento de las reglas impuestas.
SE LE COLOCARÁ DISPOSITIVO DE VIGILANCIA
El juez ordenó colocar a Cristina Fernández una tobillera electrónica para ser monitoreada.
Los abogados de la expresidenta habían solicitado que no se le colocara dicho dispositivo al considerar que no era posible la fuga y por evitar que fuera humillada.
Las leyes argentinas prevén la cárcel domiciliaria cuando, por ejemplo, la persona condenada es mayor de 70 años, un beneficio que la Justicia puede o no conceder. Fernández cumplió 72 años el pasado febrero.
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En 2022, un tribunal oral condenó a Fernández por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales en la sureña provincia argentina de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante sus dos mandatos de Gobierno y en el de su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner.
Fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El pasado 10 de junio, la Corte Suprema dejó firme ese fallo y la defensa de la exmandataria solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria.
