Tras una semana de protestas a nivel nacional, el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció la derogación de la “Ley de Ganancias Ilícitas y Lucha contra el Terrorismo”.
”Hemos tomado la decisión de abrogar la ley para que no haya más pretextos de seguir paralizando la economía”, dijo en mensaje a la nación.
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De acuerdo a gremios, pequeños empresarios y transportistas, la ley, aprobada en agosto, es “confiscatoria” ya que impone fuertes controles y sanciones para evitar que dinero ilícito del contrabando y del tráfico de drogas se infiltre en las finanzas a través de sectores informales que dominan poco más del 70% de la economía.
La oposición, quienes acusan al gobierno de “manipular la justicia”, rechazó la ley por temores de que el gobierno la use para perseguir a opositores ante la ausencia de una justicia independiente.
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