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Argentina: juez ordena captura de presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa

Esto, por la "violación sistemática de derechos humanos" en el país centroamericano.
diciembre 30, 2024 –
17:23.
Actualizado en diciembre 30, 2024 –
17:24.
Argentina
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Un juez de Argentina ordenó la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa, Rosario Murillo, por “violación sistemática de derechos humanos”.

El juez federal Ariel Lijo resolvió la citación a prestar declaración indagatoria y la orden de detención con pedido de captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo“, dijo Dario Richarte, el abogado que promueve el caso contra Ortega desde 2022, a la agencia AFP.

El letrado detalló que el caso se fundamenta en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar crímenes contra los derechos humanos, independientemente de dónde se hayan cometido.

El gobierno de Ortega y su esposa “es tal vez la dictadura más sangrienta que ha existido en el continente”, añadió Richarte.

A los involucrados se les acusan de “asesinato, privación grave de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura, deportación o traslado forzoso de población y persecución de un grupo o colectividad”.

ARGENTINA: DENUNCIA CONTRA DANIEL ORTEGA

En agosto de 2022, el equipo liderado por Richarte presentó la denuncia contra Ortega, Murillo y una docena de funcionarios del régimen nicaragüense por violaciones a los derechos humanos.

El requerimiento documentó una serie de hechos cometidos desde abril de 2018, como la represión de manifestaciones, el encarcelamiento de opositores y la persecución de grupos vulnerables, según precisa Infobae.

Luego, entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, los denunciantes presentaron siete ampliaciones de la demanda con testimonios de víctimas, documentos y otras pruebas recopiladas con la ayuda de organismos internacionales.

Richarte y su equipo se valieron del principio de jurisdicción universal, que permite a la justicia argentina declararse competente para investigar delitos como crímenes de lesa humanidad, hayan sido cometidos o no en territorio trasandino.

El fallo complementó el abogado, “busca aislar a los dictadores y comprometer a la comunidad internacional, especialmente a los países de América, en la defensa de la democracia”.

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