El entorno del espectáculo y la justicia peruana se encuentran en vilo tras los recientes actos de violencia protagonizados por Bryan Torres en agravio de Samahara Lobatón.
A pesar de la gravedad de las imágenes difundidas, donde se evidencia una agresión física brutal, el paradero del músico fue incierto durante días, mientras su círculo cercano y su orquesta, ‘Barrio Fino’, emitían comunicados que buscaban minimizar lo ocurrido apelando a supuestos acuerdos de conciliación.
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Estrategia legal de Bryan Torres cuestiona la presión de los medios
La situación ha dado un giro jurídico con la intervención de la firma Salas Beteta Abogados. El abogado Christian Salas anunció oficialmente que asumirá la defensa de Torres frente a la denuncia por supuesta tentativa de feminicidio.
En sus primeras declaraciones, el letrado adoptó una postura confrontacional hacia el sistema de justicia y la opinión pública, sugiriendo que el caso está siendo impulsado primordialmente por el ruido mediático y no por sustento probatorio sólido.
Salas argumentó que, hasta el momento, no existe una denuncia formal por parte de Lobatón, ni certificados médicos legales o el video original que sirva como pieza de convicción irrefutable.
“Buscamos la verdad, sí, pero no bajo la presión mediática. No porque las redes reclaman cárcel debe aplicarse en este caso”, sostuvo el abogado, quien enfatizó que su labor será demostrar si los jueces y fiscales actúan bajo la influencia de la indignación social.
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Silencio de Samahara Lobatón
Por otro lado, la indignación colectiva crece ante la actitud de la orquesta de Torres, que continúa promocionando eventos utilizando su imagen, mostrando una preocupante falta de empatía. Mientras tanto, figuras cercanas a la víctima, como su madre Melissa Klug, han expresado su rechazo total y exigen que el agresor responda ante la ley.
A pesar del silencio de Samahara Lobatón, quien ha evitado declarar a la prensa sobre si procederá legalmente, las autoridades se encuentran bajo el escrutinio público. El equipo legal de Torres ha indicado que se encuentran analizando el expediente para diseñar su estrategia final, cerrando la puerta a futuras entrevistas hasta que el panorama procesal esté claro.
El caso pone a prueba, una vez más, la capacidad del sistema judicial para proteger a las víctimas frente a defensas que apelan a tecnicismos para desvirtuar evidencias públicas de violencia.
