La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició diligencias preliminares contra los congresistas que resulten responsables de la presunta comisión del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, al haber ratificado el acuerdo de la Junta de Portavoces para continuar con la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), el día 7 de julio de 2021. Ello, pese a la orden de la jueza supernumeraria Soledad Amparo Blácido Báez de suspensión provisional del proceso.
Para la investigación, de naturaleza compleja por el número de involucrados, se ha dispuesto un plazo de cuatro meses.
Cabe precisar que este caso se origina porque el Parlamento continuó con su competencia constitucional, haciendo caso omiso a la decisión judicial de suspender provisionalmente la elección de los nuevos miembros del TC hasta que el proceso sea resuelto mediante un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
Las acciones fiscales incluirán la identificación de los parlamentarios que habrían votado a favor de ratificar el acuerdo de la Junta de Portavoces, además de la recepción de su declaración indagatoria.
Además, el Ministerio Público solicitará al Congreso el acta de la sesión de fecha 08 de julio de 2021, en relación con la elección del Tribunal Constitucional, los nombres de los congresistas integrantes de la Junta de Portavoces, y los acuerdos y/o comunicados que se haya emitido en relación al tema.
