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Nuevo revés para la defensa legal de Castillo.
8 de noviembre del 2022 | 00:00 Hrs.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró improcedente la tutela de derechos presentada por el presidente de la República, Pedro Castillo, que buscaba anular la denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su contra por ser el supuesto cabecilla de una organización criminal.
El juez Juan Carlos Checkley sostuvo que no está dentro de sus atribuciones declarar la nulidad o dejar sin efecto una denuncia constitucional, cuya calificación y evaluación corresponde a los órganos competentes del Congreso.
El magistrado precisó que la Resolución N° 4, dictada por su despacho el 22 de junio de 2022, no contiene un mandato prohibitivo que ordene a la Fiscalía de la Nación de abstenerse de formular una denuncia constitucional ante el Parlamento.
Recordemos que la titular del Ministerio Público denunció constitucionalmente a Castillo en el Legislativo por los supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declara improcedente tutela de derechos presentada por el presidente #PedroCastillo, investigado por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de colusión y crimen organizado. Lee la resolución: https://t.co/pPBQdE4ngX pic.twitter.com/3hptku1N43
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 7, 2022
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró improcedente la tutela de derechos presentada por el presidente de la República, Pedro Castillo, que buscaba anular la denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su contra por ser el supuesto cabecilla de una organización criminal.
El juez Juan Carlos Checkley sostuvo que no está dentro de sus atribuciones declarar la nulidad o dejar sin efecto una denuncia constitucional, cuya calificación y evaluación corresponde a los órganos competentes del Congreso.
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El magistrado precisó que la Resolución N° 4, dictada por su despacho el 22 de junio de 2022, no contiene un mandato prohibitivo que ordene a la Fiscalía de la Nación de abstenerse de formular una denuncia constitucional ante el Parlamento.
Recordemos que la titular del Ministerio Público denunció constitucionalmente a Castillo en el Legislativo por los supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
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