Tercera 'Toma de Lima': condenado por terrorismo azuza desde Bolivia

Aunque todo hace prever que la llamada tercera 'Toma de Lima' no tendría una convocatoria masiva, como muchos esperaban, debido principalmente a las disputas internas entre sus dirigentes y a la falta de consenso respecto a sus objetivos. Sin embargo, sí podría alcanzar un alto grado de violencia, incluso superior al registrado en las protestas de inicios de año.

Algunos de los rostros visibles de la movilización, anunciada para este miércoles 19 de julio, han dejado claro que los manifestantes no llegarán a Lima para hacer turismo, sino que están dispuestos a todo con tal de hacer que el gobierno de Dina Boluarte cumpla sus demandas. 

El condenado por terrorismo Álex Chamán Portugal, refugiado político y embajador de Sendero Luminoso en Bolivia, hizo un llamado a la lucha de los manifestantes y justificó los actos vandálicos que puedan registrarse, incluso bajo el riesgo de que se pierdan vidas humanas. 

"Pregunta ¿cómo se logró expulsar a la corona española que derramó explotación y sometimiento sobre las masas indígenas? pregunta, ¿se logró de manera pacífica? no, sólo se logró expulsar a la corona española a través de luchas", dijo el exreo.

Por su parte, la Policía viene realizando  trabajos de prevención, como el plan 'Abanico Verde', en tres puntos estratégicos: Pucusana, Corcona Y Ancón; por donde ingresarían los manifestantes provenientes de distintas regiones.

Lo más sospechoso resultó ser la intervención a un ciudadano boliviano y un peruano, quienes transportaban seis bloques de oro no declarado. 

Algunos expertos, como el exministro del interior, Fernando Rospigliosi, comentaron que podría tratarse de mineral extraído ilegalmente y enviado a Lima para financiar la estadía de los manifestantes.

Y es que, en la capital, a diferencia de otras regiones, parece ser que los manifestantes serán principalmente jóvenes y estudiantes, liderados por el sociólogo Roger Muro y el abogado Wilfredo Robles, este último, parte de la defensa legal del expresidente golpista Pedro Castillo y también vinculado al Movadef.

El más de medio centenar de muertes que dejaron las manifestaciones registradas entre diciembre y febrero, así como el grave estancamiento económico que sufrió el país en esos meses, debería darnos una lección sobre lo que realmente buscan quienes dirigen esta manifestación.