La integridad del proceso electoral se encuentra bajo la lupa tras una grave revelación. Un parte policial reciente confirma el extravío de ocho actas electorales correspondientes a dos mesas de sufragio en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). El incidente, ocurrido en una institución educativa de la avenida Gran Chimú, ha encendido las alarmas en los organismos electorales.
De acuerdo con el documento oficial, la denuncia fue interpuesta ante la comisaría de Zárate por representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Una coordinadora de mesa y un coordinador distrital de la zona 3 fueron quienes dieron aviso sobre la desaparición del material, el cual pertenecía específicamente a la elección de senador nacional.
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Escándalo en SJL: investigación por presunto delito contra la administración pública
El protocolo indica que las actas deben ser entregadas a los responsables de los locales de votación para su posterior procesamiento. Sin embargo, el reporte policial detalla que, al realizar la verificación física del material, el paquete correspondiente estaba incompleto. A pesar de la búsqueda inmediata realizada por el personal electoral, el paradero de los documentos sigue siendo desconocido.
La gravedad del asunto radica en el volumen de votos que representan estas actas. Cada mesa de sufragio está diseñada para recibir hasta 300 votantes, lo que significa que el extravío podría afectar la contabilización de cientos de voluntades ciudadanas en un distrito clave por su densidad poblacional.
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El comandante PNP Daniel Eleodoro Guivar Zumaeta, comisario de Zárate, ha suscrito el parte señalando que estos hechos podrían configurar la presunta comisión del delito contra la administración pública. Específicamente, se investiga bajo las modalidades de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales.
Actualmente, las diligencias buscan determinar en qué punto de la cadena de custodia se rompió la seguridad. La investigación involucra no solo a la ONPE, sino también al personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Policía Nacional, quienes son los encargados legales de garantizar que cada acta llegue intacta a los centros de cómputo. Mientras tanto, el Ministerio Público espera los informes detallados para deslindar responsabilidades administrativas y penales.
