Sicariato golpea al sector transporte: “Solo por conducir y trabajar para pagar sus estudios ha muerto mi hijo”

El asesinato de un joven conductor en San Juan de Miraflores evidencia el avance impune del crimen organizado en la capital.

marzo 19, 2026 –
20:22.
Actualizado en marzo 19, 2026 –
20:52.
Sicariato golpea al sector transporte: "Solo por conducir y trabajar para pagar sus estudios ha muerto mi hijo"
Sicariato golpea al sector transporte: "Solo por conducir y trabajar para pagar sus estudios ha muerto mi hijo"

La violencia por el sicariato en Lima registró una semana trágica con el asesinato de tres personas en el sur de la ciudad. Jorge Luis Félix Vargas, un estudiante de 24 años, perdió la vida mientras trabajaba como chofer de una unidad de la empresa ‘Los Rojitos’.

El ataque ocurrió en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), específicamente en la zona de Rinconada, Pamplona Alta. La víctima alternaba sus estudios de Electrónica Industrial con el manejo de vehículos de transporte público para costear su formación técnica profesional.

Extorsión y sicariato contra transportistas

Las investigaciones señalan que la empresa Transportes San Pedro de Pamplona es blanco de bandas dedicadas a la extorsión a transportistas. Estos grupos criminales exigen pagos diarios, semanales y mensuales a los conductores para permitirles circular por sus rutas habituales.

En lo que va del año, al menos 10 choferes han sido asesinados por el crimen organizado tras negarse o incumplir con el pago de cupos. Los ataques incluyen el uso de sicariato y actos de crueldad, como el reciente incendio de un bus con el conductor dentro en El Agustino.

La madre del joven fallecido, Marleny Vargas, solicitó la intervención inmediata de las autoridades ante la pérdida de ciudadanos que no tienen vínculos con la delincuencia. El caso de Félix Vargas se suma a la lista de trabajadores que son víctimas colaterales de esta problemática.

Respuestas ante la inseguridad ciudadana

Frente a la crisis de inseguridad ciudadana, la Policía Nacional del Perú planteó la posibilidad de asignar dos efectivos policiales por cada unidad de transporte. Sin embargo, especialistas en seguridad consideran que la capacidad operativa de la institución ha sido superada por la violencia actual.

Existen propuestas para declarar la situación como un problema de seguridad nacional, lo que permitiría la intervención directa de las Fuerzas Armadas. Este marco legal buscaría proteger a los efectivos durante operativos contra el crimen organizado y las bandas que operan bajo la modalidad de extorsión.

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