La madrugada del 6 de octubre marcó un antes y un después para el transporte público en Lima y Callao. Un masivo paro de transportistas no solo detuvo los motores de miles de unidades, sino que expuso una profunda crisis de inseguridad y extorsión que ha cobrado 46 vidas en el gremio.
El detonante de la protesta fue el asesinato del chofer Daniel José Cedeño, una víctima más de la violencia criminal que somete a los transportistas desde hace meses. La paralización fue la respuesta a un miedo constante que los conductores enfrentan a diario, sin saber si regresarán a sus hogares.
Aunque para el martes 7 de octubre el paro de transportistas se suspendió oficialmente tras diálogos con el Gobierno, el acuerdo no generó consenso en todos los sectores. Las tensiones y diferencias entre los dirigentes de los gremios mantienen la incertidumbre y ponen en jaque la estabilidad del servicio.
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Paro de transportistas
La desconfianza en las promesas de las autoridades es un sentimiento generalizado. Martín Valeriano, dirigente de uno de los gremios, señaló que las estrategias del gobierno para combatir la criminalidad no han dado resultado, a diferencia de las acciones para levantar los paros. “Todo ha sido reuniones sin soluciones”, lamentó, indicando que las extorsiones y muertes se han incrementado.
Este escepticismo fue compartido por Waldo Poma, quien expresó que no queda otra opción más que confiar en que esta vez los acuerdos se cumplan. Sin embargo, para muchos conductores en pie de lucha, la firma de un documento no es garantía de seguridad, pues las mafias continúan operando con impunidad.
La prueba de la fragilidad de la paz llegó de inmediato. Apenas una hora después de firmarse el acuerdo, la violencia resurgió en San Juan de Miraflores, donde dos sicarios en moto balearon a otro transportista, sumando una nueva víctima a la alarmante lista de ataques por extorsión.
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Apuntan contra Dina Boluarte
La dimensión del problema se refleja en cifras alarmantes. Según Waldo Poma, hace un año cerca del 20% de las empresas de transporte eran extorsionadas. Hoy, esa cifra ha escalado dramáticamente hasta alcanzar probablemente al 90% de las 400 empresas que operan en la capital. “Si no quieren pagar, no solo tendríamos 47 muertos, tendríamos 400”, advirtió.
En este contexto, las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien sugirió no contestar las llamadas de los extorsionadores, generaron una profunda indignación en el gremio. Los transportistas consideran que esta recomendación es “desatinada” y demuestra un desconocimiento total de la realidad que enfrentan.
“Para empezar, no contestar una llamada significa que, a la tercera o cuarta, no va a ser una llamada, va a ser un disparo contra un conductor”, explicó Poma. Los conductores afirman que pagar los “cupos” a una, dos o hasta tres bandas criminales distintas les cuesta entre 30 y 40 soles diarios, un peaje de sangre para poder trabajar.
Paro de transportistas clama por apoyo de El Salvador
Ante lo que consideran una inacción e inoperancia del Gobierno, un sector del gremio ha planteado una medida desesperada: solicitar ayuda internacional. Valeriano propuso formalmente pedir apoyo al gobierno de El Salvador para que los técnicos expertos que combatieron la criminalidad en ese país asesoren al Estado peruano. “Pedimos apoyo al gobierno de El Salvador”, sentenció, subrayando la falta de capacidad para resolver la inseguridad.
La crisis del transporte público ha trascendido las calles y los vehículos para convertirse en una batalla por la vida misma. Los conductores no solo llevan pasajeros; sobre sus hombros cargan el miedo a ser la próxima víctima de la extorsión, mientras sus familias viven en una incertidumbre que ningún salario puede compensar.
