ONG firma convenios para realizar cursos y capacitaciones en entidades del Estado: habría conflicto de intereses

Oficialmente, hay 995 oenegés operando en Perú, según la Agencia Peruana de Cooperación Internacional- APCI. Ni el dinero que ingresa a ellas, ni el que sale, ni los objetivos que buscan alcanzar, son regulados.

El Instituto de Defensa Legal - IDL gastó en 2022 casi 40 mil dólares en talleres con fiscales. Plan Internacional gastó más de 14 millones de dólares en un proyecto de educación sexual en convenio con el Ministerio de Educación en 2022, que debería ser revisado. En tanto, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA es una oenegé ambientalista que ha firmado un convenio infinito con el Poder Judicial para "capacitar" jueces, quienes después tendrán que resolver causas que ellos patrocinan, en evidente conflicto de intereses. ¿Es eso posible? En el Perú de hoy, sí.

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Este es el convenio de cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), una ONG ambientalista que opera en nuestro país hace 38 años; pero, desde hace 8 años y gracias a un documento, tiene injerencia directa en fallos judiciales particulares, de causas ambientales direccionadas.

El convenio firmado en octubre de 2017 por Duberli Apolinar Rodríguez Tineo promete organizar capacitaciones a jueces y buscar fuentes de financiamiento que contribuyan a sus objetivos, logrando con ello viajes al extranjero y viáticos  pagados a conferencias a centenares de jueces, según información que obtuvo 'ContraCorriente' por Transparencia.

Duberli Rodríguez, exdiputado de izquierda que tuvo que renunciar a la presidencia de la Corte Suprema por el escándalo de los 'Cuellos Blancos del Puerto', como presidente del Poder Judicial dejó una adenda libre que permitió que en octubre de 2020, esta vez José Luis Lecaros Cornejo, firmara un nuevo documento ratificando el convenio, permitiendo increíblemente su renovación automática cada 3 años.

'ContraCorriente' denunció cómo el juez de extinción de dominio de Loreto, Edgard Ramón Guillén Vallejo, beneficiado con las capacitaciones y viajes de la SPDA, ha terminado fallando en favor de las denuncias presentadas por la ONG Kené, liderado por Lucila Pautrat, la pseudoambientalista que registra millonarias cuentas en dólares en cuentas off shore de paraísos fiscales.

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Una de las causas promovidas es la extinción de dominio aplicada por los jueces y fiscales en el oriente peruano, criminalizando empresas privadas y activando persecuciones judiciales. Esta ONG en particular y, como consta en su página web, tiene convenios celebrados también con Serfor, el Ministerio Público, y los ministerios de Ambiente, Cultura y Justicia.

Atentan contra la imparcialidad de la administración de justicia y contra nuestra soberanía nacional, pues dirigen sus objetivos a causas particulares y agendas específicas. Revisando la información oficial, publicada en la APCI, se halló que una de las financistas de esta ONG es la New Venture Fundation, un fondo actualmente investigado por la Fiscalía de Washington, por ser parte del grupo económico Arabella Advisor que, de acuerdo con lo informado por medios internacionales, estaría atentando contra democracia en Estados Unidos. También asesora donantes y organizaciones de izquierda radical que, por ejemplo, tuvo vínculos con el terrorismo palestino.

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