Midis presenta ante organismos internacionales una propuesta de regulación de la protección social ante emergencias

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) presentó, ante las agencias de cooperación internacional, una propuesta del nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (Sinadis), que incluye por primera vez en el país, una regulación sobre la protección social ante emergencias.

Esta regulación tiene una naturaleza preventiva que permite organizar la actuación del Estado ante situaciones imprevistas, para que no agraven la calidad de vida de las personas o provoquen su caída a una situación de pobreza. Con ello se asegura que los servicios e intervenciones de protección social se mantengan como prioridad.

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Fanny Montellanos, viceministra de Políticas y Evaluación Social, expuso el planteamiento ante representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Programa Mundial de Alimentos en Perú, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ).

En la mesa de diálogo, coorganizada entre Unicef y el Midis, se recibieron los aportes y opiniones de los actores involucrados, para enriquecer la propuesta del nuevo Reglamento del Sinadis.

Esta actualización permitirá contar con un sistema funcional, ágil y articulado, orientado a las prioridades sociales, aplicando aprendizajes compartidos desde un nuevo enfoque para afrontar la pobreza, con mecanismos de información social y gestión de evidencia. Además, fortalecerá la implementación de la política desde un enfoque estratégico, a fin de lograr el desarrollo y bienestar de las personas en todo su ciclo de vida.

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La propuesta del Reglamento nace de la necesidad de entender y enfrentar la pobreza ante un nuevo contexto social, originado por factores como la migración global, la postpandemia, la vulnerabilidad, la mirada multidimensional de la pobreza, entre otros.

Para ello, se fortalece el rol y la articulación de las entidades del Poder Ejecutivo, los Gobiernos Regionales y locales, las organizaciones de sociedad civil, cooperación, academia y el sector privado. También se plantea una estrategia de gestión diferenciada y de reconocimiento de las diferencias en territorio, lo cual promoverá que los servicios lleguen a comunidades de los distritos con mayor pobreza o vulnerabilidad, contribuyendo de esta forma al cierre de brechas sociales.