La pandemia del Covid-19 significó un etapa aguda para el mundo y nuevo inicio luego de su superación. Para nuestro país, el sector de economía padeció un retroceso por la movilización a la que tuvo que recurrir el Gobierno de aquel entonces, a fin de evitar más infectados y el aumento de las cifras de muertes.
Una de las herramientas que ayuda en este campo son las pequeñas, medianas y grandes empresas, quienes, en ciertos casos, tuvieron que prescindir de sus trabajadores por los estragos de la infección.
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Y es que 400 mil empresarios se ahogaban con deudas y 150 mil empresas se veían amenazadas con quebrar. El Perú afrontó el peor momento en su economía.
Casos como el de Henry Berrocal, quien era vulnerable por sus diabetes, se iba a la suspensión perfecta; es decir, perdía su empleo hasta nuevo aviso, pese a ser hombre de confianza en una ferretería. También está Jharit Augusti Allca, que veía su imperio textil caer, por más préstamos que se hacía.
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No obstante, tras esta difícil situación, llegó el primer intento de salvataje que se llamó Reactiva, la cual consistió en otorgar préstamos previa evaluación a grandes empresas, con fin de tener recursos en corto plazo para sobrevivir. Estos iban hasta los 10 millones de soles.
Proyecto de ley puede salvar a empresarios
Pero, a pesar de programas como Reactiva, la cadena de pagos de la economía peruana se rompió y dio lugar al proyecto de Ley de Plazo de Arrastre, otro salvavidas que permitía fraccionar las deudas tributarias con las utilidades que recién ganarían en los años 2021, 2022 y 2023.
Pues, más de 300 mil empresas están en este momento en juego, 600 mil de ellas declararon pérdidas formales entre el 2020 y 2022, pero el Proyecto de Ley 9433, que extiende la compensación de las deudas tributarias, podrían salvarlas.
Lo que hacían los empresarios era declarar la pérdida y de esta manera la Sunat generaba una suerte de colchón para usarlo el año siguiente, si la empresa generaba utilidad, y así pagar el impuesto a la renta.
Sobre la base de este proyecto de ley se pretende darle oxígeno financiero a los micro, pequeñas y medianas empresas, en teoría emprendedores peruanos, extendiendo la Ley de Arrastre hasta el 2032. Como toda iniciativa parlamentaria se pidió la opinión técnica a los sectores involucrados, especialmente al Ministerio de Economía y Finanzas, donde está adscrita la Sunat.
Vale mencionar que la propuesta entró a debate agendado para el Pleno del último jueves, pero se postergó. Está en juego la salud financiera de por lo menos 150 mil empresas y el puesto de trabajo de hasta un millón de peruanos.
