El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, popularmente conocido como ‘Maranguita‘, vuelve a ser el centro de la controversia tras un incendio de grandes proporciones registrado el pasado jueves. El siniestro, provocado por internos en el área de menores infractores, obligó a las familias colindantes a evacuar sus viviendas ante la densa humareda y el descontrol interno.
Los habitantes de esta zona urbana en San Miguel manifestaron que la convivencia con el centro de reclusión se ha vuelto insostenible. Según los testimonios, más de mil familias están expuestas a la inseguridad ciudadana generada por los constantes motines y enfrentamientos.
Los residentes afirman que sus hogares han dejado de ser espacios seguros debido a la proximidad con los muros del establecimiento.
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Un historial de fugas y falta de seguridad en ‘Maranguita’
La preocupación de la comunidad no se limita a los incendios. Los vecinos recuerdan episodios críticos como las fugas de internos de alta peligrosidad, entre ellos el ‘Negro Canebo’ y ‘Gringasho’. Estos eventos han marcado la memoria local, ya que los prófugos suelen utilizar los jardines y techos de las casas aledañas para ocultarse de la Policía Nacional.
Uno de los residentes relató cómo un interno logró ingresar hasta su dormitorio para esconderse, convirtiendo su propiedad en una extensión del conflicto.
La infraestructura del centro también es blanco de críticas; se ha reportado que el cerco perimétrico de púas presenta vacíos y cables sueltos que facilitan posibles escapes, incrementando el miedo a nuevos actos de violencia juvenil.
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Crisis en el sistema de rehabilitación juvenil
La situación en Maranguita no es un hecho aislado dentro del sistema de justicia penal para menores. Recientemente, en el centro juvenil de Piura, se detectaron redes de extorsión operadas por internos, quienes coordinaban delitos contra empresarios desde el interior. Este panorama refuerza el pedido de los vecinos para la reubicación de centros juveniles fuera de las áreas residenciales.
Las familias de la zona exigen que las autoridades del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia cumplan con las promesas de traslado. El crecimiento de la delincuencia y el uso de estos espacios para actividades criminales similares a las de las cárceles de adultos mantienen en alerta máxima a una población que solo busca recuperar la tranquilidad en su propio barrio.
